Desde hace años el líder de la CAM anuncia a diestras y siniestras que encabeza una organización de características militares cuyo objetivo principal es obtener la autonomía absoluta del Estado, o dicho más inequívocamente busca la concreción del separatismo, entendido este como actos que propugnan la independencia de un territorio del Estado a que pertenecen. Para la concreción de tales objetivos sostiene permanentemente la justificación de acciones delictuales, de supuesto carácter reivindicativo o de autotutela.
Convengamos que su discurso no se queda en el plano de la teoría; no es la declaración contumaz de un ideólogo que por razones culturales, históricas, sociales reivindica la legitimidad de determinadas conductas, y que no encuentra prosélitos dispuestos a seguirlo. Muy por contrario, se trata de un accionar delictivo de consumación permanente y de la amenaza de repetición de los mismos en el tiempo venidero. Tal compleja situación, la mayor parte de los habitantes de esta tierra la vemos constantemente descrita en los medios; pero otra parte nada despreciable numéricamente la vive en su cotidianidad, con graves consecuencias concretas y dramáticas.
En su discurso amenazantemente, el principal líder de la CAM ha venido detallando el accionar de la asociación ilícita, indica el tipo de delitos que ejecuta, anuncia su mantención y explica los delitos bases que le dan sustento financiero a las necesidades logísticas de la organización. Más claro, échele agua.
Todo el accionar descrito es tipificable en nuestra legislación vigente, bien sea la común o la contenida en leyes especiales para punir situaciones especialmente complejas, como sin duda ocurre en la especie.
Sin embargo, pasa el tiempo, crece el número de delitos, aumenta la capacidad logística de los malhechores y no se visualiza una reacción jurídica del Estado -y no digo solo del gobierno de turno. ¿Será tan cuesta arriba encausar a quienes diseñan, planifican, mandan a consumar, luego celebran, para terminar anunciando que vendrán más?
El actual gobierno -injusto y falso sería indicar que los hechos son coetáneos a su llegada-, a poco andar debió dejar atrás la ingenua tesis del supuesto carácter político de los delitos, de la no militarización del Wallmapu, de la oferta vaga y unilateral de diálogo. La vida es dura, no se puede gobernar en modo tuit o asambleario, hubo que hacerse cargo del orden público, en esta tarea indelegable no hay terceros a quienes mirar. Falta más decisión eso sí, aún es posible encontrar dudas en su accionar.
Nadie que haya estado al lado del mostrador de la toma de decisiones puede pretender que se trata de un tema sencillo, por el contrario, es tremendamente complejo, pero no es posible procrastinar la persecución jurídica de una organización que anuncia y ejecuta actos delictivos de graves consecuencias, para las personas, los bienes y nuestra institucionalidad.
La ciudadanía espera que el órgano que tiene el monopolio de la pretensión punitiva del Estado, el gobierno titular de la legitimación activa para determinadas leyes especiales, los tribunales de justicia, invoquen y apliquen el derecho, no es más ni menos que eso.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.