En las últimas semanas hemos presenciado un debate -por cierto necesario- con ocasión del pronto cumplimiento de medio siglo desde que el Golpe Militar pusiera violento término a la democracia.
De ese debate -que nos recuerda nuestras diferencias- resulta a mi juicio una cuestión nítida en una sociedad abierta, plural, que no hay ni puede haber una verdad oficial sobre el pasado, impuesta desde el poder como la única válida. La historia está permanentemente sometida a revisión, y cualquier intento de bloquear tal proceso está condenado al fracaso. Por lo tanto, no existe la posibilidad de cerrar el debate sobre la manera de contar el pasado, ni sobre sus efectos, ni sobre el rol de las personalidades, etc. Ya hemos visto muchos casos de figuras que parecían haber ganado un lugar honroso en la historia, y que no resistieron las reinterpretaciones que vinieron luego.
Lo anterior constituye un ejercicio ineludible para cualquier ciudadano interesado en la reciente historia de nuestra nación que, con seguridad, en lo que queda del año de aniversario seguirá siendo acompañado por aportes de la intelectualidad y uno que otro exabrupto de algunos políticos que por desgracia no logran salir de una rusticidad poco contributiva.
Sin embargo, no sería para nada positivo que dejáramos de otorgar la urgencia indispensable e inevitable a aquellos pendientes que afligen a nuestra cotidianidad en la hora actual.
De las varias en liza, por razones de espacio permítame elegir aquella que según todos los estudios de opinión es la principal preocupación de la sociedad: el aumento de la inseguridad como consecuencia del crecimiento de la delincuencia. La semana recién pasada el Ministerio del Interior dio a conocer el primer informe integrado de homicidios consumados. Partamos por señalar que el trabajo realizado por un grupo de instituciones estatales es un novedoso y buen aporte, pues rompe una lógica de entrega de datos parciales e individuales de las instituciones involucradas en el tema. Sin duda un buen paso del gobierno.
Los datos que arroja son preocupantes por decir lo menos. La tasa de homicidios, medida como internacionalmente se acepta, da cuenta de una importante alza como media nacional y en algunas comunas dicha tasa se acerca a cifras propias de sociedades de climas de violencia intolerables. El crecimiento de ciudadanos extranjeros tanto como víctimas y victimarios es también un dato alarmante.
Los poderes del Estado se han dado un plazo, ya vencido, para mejorar nuestras estructuras y leyes para enfrentar la creciente delincuencia. Hay que apurar el andar, ya no es una especulación que tenemos un problema mayor; las cifras, los datos, aun en el peor de los delitos, nos lo recuerdan cotidianamente.
El Senado aprobó, de manera prácticamente unánime, el proyecto de Ley de un Ministerio de Seguridad, luego de años de lenta tramitación, y que es una de las iniciativas eje de la agenda prioritaria en seguridad. Faltando el debate en la Cámara, hay una buena oportunidad para mejorar el texto, particularmente en dotar al futuro ministerio de una estructura de buen nivel profesional y donde el mérito sea el requisito para integrar la planta funcionaria.
Por Jorge Burgos, abogado
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