Nuestra sociedad demanda con urgencia más y mejores condiciones de seguridad, en definitiva, mejores condiciones de vida. Ello viene ocurriendo desde hace largos años, más allá del incontrastable crecimiento de los índices de sensación de inseguridad y la mantención de altos valores de victimización. Lo cierto es que ni las autoridades de ayer y de hoy hemos sido capaces de dar respuestas eficientes y eficaces a la sentida y urgente demanda ciudadana.
En los últimos tiempos, particularmente a partir de los hechos de octubre del 2019, se instaló, en no pocos sectores de la política nacional, un discurso de desprecio al concepto de orden público, una justificación a la anomia, una crítica devastadora a los agentes del Estado encargados por la Constitución y la ley de dar seguridad y garantizar el orden público.
Durante no poco tiempo, en especial entre algunos de quienes por decisión ciudadana nos gobiernan, hubo manifestaciones discursivas y legislativas que situaban el orden público como sinónimo de un statu quo intolerable desde su particular visión ideológica, que maltrataban a las instituciones policiales, en particular la más importante de nuestras policías: Carabineros de Chile; quizás la demostración más palmaría de ese discurso y destrato fue el debate y propuesta constitucional derrotada el pasado 4 de septiembre.
Enhorabuena las autoridades encargadas del área han ido desterrando ese discurso, en particular con la llegada de la ministra Tohá, por uno que respalda a las policías y vuelve a valorar el principio del orden público, la autoridad, el imperio de la norma. Es cierto también que ha habido regresiones; acaso la más compleja fue el ejercicio injustificado por parte del Sr. Presidente de la República de su facultad de indulto particular.
Qué duda cabe que lo anterior, siendo importante, no basta para superar la situación de creciente inseguridad en que nos encontramos. Ahora es cuando la política debe ponerse al servicio de la construcción de un pacto nacional y transversal que signifique un genuino punto de inflexión en la tarea cotidiana contra toda acción delictiva. Ya no hay justificación para postergar esta tarea. No nos merecemos que nuestros representantes democráticos sigan dilatando iniciativas legislativas -algunas se arrastran por más de una década- que modernizan los instrumentos e instituciones para enfrentar el crimen, en particular aquel que importa organización para delinquir.
El pacto por la seguridad debe incluir proyectos puntuales que atienden situaciones específicas que afectan la seguridad pública, pero principalmente debe considerar reformas estructurales postergadas. Entre ellas deben considerarse: la creación de un Ministerio de Seguridad Pública de giro único, que incluya en su competencia el orden público y el sistema carcelario; la modernización de nuestro sistema de inteligencia desde la perspectiva de anticipación a las crecientes amenazas para nuestra seguridad; dotarnos de normas modernas para enfrentar el terrorismo, tal como recientemente se ha hecho y bien con el crimen organizado; y modernización del Ministerio Público, en especial para enfrentar fenómenos de crimen organizado común o terrorista.
Este esfuerzo requiere urgencia y grandeza, deponer la lógica destructiva “yo lo haría mejor”, en eso llevamos años con pésimos resultados.
La Cámara de Diputados ha despachado proyectos denominados con el apellido de carabineros asesinados por delincuentes, bienvenida la urgencia en el trámite, también será bienvenido que el Senado los analice con premura, pero sin atolondramiento populista.
Por Jorge Burgos, abogado
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