Por Jorge Burgos, abogado
Al manifestar nuestra opción ciudadana el 4 de septiembre sobre la propuesta de una nueva Constitución redactada por los convencionales durante los doce meses de su mandato, estaremos adoptando una decisión que, inevitablemente, influirá en el derrotero por el cual transite nuestro país por mucho tiempo. En tal contexto, considero que es mi deber ciudadano manifestar que, luego de escuchar, seguir los debates de los expertos y leer con atención las diversas versiones que han ido surgiendo de las comisiones de cierre, mi conclusión es que la propuesta constituye un grave retroceso respecto de la tradición constitucional chilena y pone en evidente riesgo instituciones básicas para la vida en democracia.
El texto menosprecia principios fundamentales como el Estado unitario, la pertenencia de todos los chilenos a una sola nación, la división de poderes, el bicameralismo equilibrado, la independencia del Poder Judicial, la democracia representativa a través de partidos, el amparo de derechos fundamentales por los tribunales colegiados y, en cambio, propone una remodelación o refundación que se basa en la dudosa noción de plurinacionalidad. Ello se traduciría en el riesgo concreto de desarticulación del Estado en múltiples entidades fundadas en la etnia, que tendrían autonomía política, administrativa y financiera, lo que configura una real amenaza a la indivisibilidad, aunque este principio se declare.
En contra del esfuerzo de integración llevado a cabo desde el nacimiento de la República, la Convención en su propuesta de texto ha fomentado la segmentación de los chilenos, sobre la base de exaltar un indigenismo que, en realidad, busca objetivos electorales -políticos mediante el recurso de las diferencias étnicas. Es una forma de segregación forzada que, de prosperar, conduciría a legitimar el surgimiento de numerosos territorios dominados por caudillos que intentarán dominar sin contrapeso. No se puede perder de vista el preocupante modelo de “autonomía armada” que es Temucuicui, en la región de La Araucanía.
Es evidente que los controladores de la Convención no estuvieron interesados en favorecer un consenso constitucional. Su motivación fue construir una estructura que les diera ventaja en la competencia política. Nada más ajeno a la idea de que la Constitución debe ser un conjunto de normas e instituciones que permitan convivir en la diversidad y garantizar la alternancia en el poder, controlarlo y distribuirlo; ello exige un sistema de contrapesos que neutralice cualquier tendencia autoritaria.
Soy partidario de una democracia moderna, que asegure en primer lugar las garantías individuales y el ejercicio de las libertades, que integre adecuadamente los principios de representación y participación, que resguarde el valor fundamental de la igualdad ante la ley. Creo indispensables e ineludibles los cambios, pero no cualquier cambio representa un avance. Chile no nació ayer, y necesita resguardar mucho de lo construido desde el surgimiento de la República.
Creo que el voto por el Rechazo posibilita que el país siga asentado en un Estado de derecho que nos protege a todos. Sobre esa base se deben crear condiciones para un debate razonado sobre las reformas aconsejables e indispensables, las que demandarán en cualquier caso un gran acuerdo nacional. Debemos reforzar la unidad de Chile y perfeccionar la democracia, y en ese sentido se destaca el rol activo y propositivo que vienen jugando los senadores Rincón y Walker.
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