Columna de Jorge Claro: ”La hora de repensar la reforma previsional”
"Si los actuales incentivos a evadir el impuesto al trabajo (que pagan entre el trabajador y el empleador), generan extensas “lagunas” en las cotizaciones, es de imaginar cómo este aumento del 60% agravará este problema. La mejor forma de que Chile cuente con una reforma previsional va por diagnosticar correctamente las verdaderas causas del problema junto con definir mejor a quiénes se les debe garantizar una PGU."
La reformulación del proyecto de Reforma Tributaria luego del rechazo en la Cámara de Diputados, vuelve a poner sobre la mesa el debate previsional y obliga a re pensar cuál será la Reforma Previsional “razonable”, que mejore las pensiones de los chilenos a la vez que logra consensos para su tramitación.
Si vamos al origen del problema, aunque mucha gente aún piensa que las pensiones son bajas “por culpa de las AFP”, desde mi perspectiva la principal falla ha venido desde la esfera pública y el Estado, que no ha logrado generar la fiscalización necesaria y los incentivos para el ahorro individual formal.
Las AFP por su parte también cometieron errores, como no hacer ver a tiempo y con claridad los baches del sistema ante la autoridad, algo ineludible en una gestión que administra nada menos que las pensiones de las personas.
Pero volviendo a los incentivos como base para mejorar las pensiones de todos los chilenos -y no solamente de los más vulnerables o quienes reciben la PGU- hay distintas soluciones posibles que contribuyen a este objetivo.
Una de ellas es asociar los subsidios estatales y las cotizaciones previsionales permanentes a un sistema de créditos de “viviendas para la vejez”, (con restricciones a su venta previa a la jubilación). Esto, a plazos que permitan pagarlos con una parte de las cotizaciones y ocupar estas viviendas mucho antes de jubilar.
Así, sería posible crear subsidios estatales especiales por cumplimiento de metas de periodos de cotización que permitan utilizar la casa propia lo antes posible en lugar de subsidiar viviendas a personas que pudiendo cotizar en el sistema formal, evaden esta obligación.
Un rol fundamental que tampoco ha ejercido el Estado es el de fiscalizar inteligentemente que empleadores y trabajadores por cuenta propia cumplan con su obligación legal de cotizar por los montos que establece la ley.
La principal causa de las bajas pensiones de los trabajadores es la cotización por montos menores a las remuneraciones, las no cotizaciones, la creación de empresas que prestan asesorías con el fin de que sus dueños no coticen y muchas trampas más.
El Estado debió -y debe- crear un sistema inteligente y eficiente de fiscalización digital, con fuertes multas y penas para los evasores. Y esto es relativamente simple de hacer.
Finalmente, antes que proponer aumentar la tasa de cotización del 10 al 16% - un mayor impuesto del 60% al trabajo – se debe pensar en otras soluciones.
Si los actuales incentivos a evadir el impuesto al trabajo (que pagan entre el trabajador y el empleador), generan extensas “lagunas” en las cotizaciones, es de imaginar cómo este aumento del 60% agravará este problema.
La mejor forma de que Chile cuente con una reforma previsional va por diagnosticar correctamente las verdaderas causas del problema junto con definir mejor a quiénes se les debe garantizar una PGU.
La oportunidad de hacerlo es hoy y las últimas noticias desde el mundo político han mostrado que se deben buscar soluciones novedosas, distintas y consensuadas, más allá de un slogan que solo se basa en tener un sistema “sin AFPs” y en el alza del 10% al 16% en las cotizaciones, a todas luces improcedente en el escenario económico actual.
