Tras el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, las reacciones han sido variadas. Parte de la prensa internacional se apuró en calificarla como “nacionalización”, sin advertir que el litio es chileno desde hace más de cuatro décadas. El presidente de la CPC se manifestó “desconcertado” ante la posibilidad de “una ola de estatización”, mientras que su homólogo en la Sofofa habló de una “señal de desconfianza” hacia los privados.
Quienes participan actualmente en la industria o tienen interés en ella, en cambio, ofrecen una mirada muy distinta. Entre otros, el CEO de la empresa Albemarle celebró la “sensatez” del gobierno durante todo el proceso, calificó la estrategia como “una oportunidad”, y su representante en Chile destacó la “certeza jurídica” del anuncio, al asegurar el pleno respeto a los contratos vigentes. Para un analista senior de la Unidad de Inteligencia de The Economist, la estrategia “en realidad ofrece al sector privado más oportunidades que el marco actual”, lo que va en línea con lo expuesto por el gerente general de la minera Salar Blanco, que calificó la estrategia como “una buena noticia para el país”, o el presidente para Latinoamérica de Sorcia Minerals, para quien el anuncio “va en la dirección correcta”, mientras que el gerente general de SQM comentó que aspiran a “lograr un acuerdo bueno para el país, las comunidades y las empresas”.
Estas miradas muestran la conexión que tiene el debate sobre el litio con una de las discusiones actuales más importantes: la redefinición del Estado y el rol de los privados y las comunidades en el desarrollo del país.
Una de las bases que regula el actual proceso constituyente dispone que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”, definición que busca superar el modelo de Estado subsidiario de la Constitución de 1980. El Estado social garantiza prestaciones, particularmente a través de asegurar derechos sociales, como la salud, educación, vivienda y seguridad social. Para ello, el Estado social requiere disponer de recursos, los que deben ser administrados “con sujeción al principio de responsabilidad fiscal”, como impone la misma base.
La estrategia del litio, que contempla la “participación mayoritaria del Estado” en aquellos “proyectos de valor estratégicos del país”, se sitúa así en la reconfiguración del Estado, que se define ahora como “social y democrático”, y que requiere para ello de financiamiento que permita asegurar su objetivo fundante: la paz social. El nuevo Estado, que por estos días busca dibujar sus contornos, debe trabajar coordinadamente con el sector privado, asegurando reglas claras, justas y competitivas. Pero, al mismo tiempo, debe permitir que el país se encamine en una dirección que hasta ahora no ha conseguido, añadiendo valor e invirtiendo en conocimiento y tecnología, para dejar de ser meros exportadores de materias primas.
En su discurso, Boric señaló que “no podemos darnos el lujo de desaprovechar” la oportunidad que nos ofrece tener “las mayores reservas de litio del mundo”. Tiene razón. Al mismo tiempo, debemos aprovechar la oportunidad de darle herramientas a un nuevo Estado que haga posible que Chile se convierta en aquello que aspira a ser: un país desarrollado.
