Columna de Jorge Cordero y Jaime Huenchuñir: ¿El costo de un conflicto irresoluble?

La publicación reciente de un estudio sobre el impacto económico de la violencia en La Araucanía nos enfrenta a una realidad que no se puede seguir evadiendo: el conflicto está costando mucho más de lo que pensamos, y no solo en términos de vidas y bienestar social.

Según la investigación de Larroulet y Sepúlveda (2024), la región ha perdido aproximadamente un 22% de su PIB per cápita debido a la violencia sistemática que comenzó en 1997 y a la incapacidad del Estado en abordar la problemática indígena. En términos concretos, esto significa una pérdida de US$ 2.589 por persona sólo entre 1998 y 2020. No se habla de cifras abstractas: este monto representa oportunidades perdidas, empleos que no se crearon e inversiones que no llegaron, lo que afecta también a aquellas comunidades Mapuche que viven en la región. Pero más allá de las cifras, el estudio nos revela un círculo vicioso: la violencia genera incertidumbre, la incertidumbre ahuyenta las inversiones, la falta de inversiones perpetúa la pobreza, y la pobreza alimenta el discurso en favor de la radicalización.

La comparación de la realidad regional con otro tipo de conflictos es reveladora. Mientras que la violencia en País Vasco causó una pérdida del 10% en su PIB per cápita, La Araucanía ha perdido más del doble. Esta cifra nos sitúa más cerca del impacto observado en conflictos como el de Turquía (21%). Y pese a que este contraste no implica necesariamente que la naturaleza de los casos mencionados sea equivalente, pues admite múltiples diferencias en sus explicaciones, nos sirve para poner en perspectiva los costos asociados a la incapacidad de avanzar con soluciones que pudiesen resolver el conflicto.

La conclusión del estudio es clara y urgente: “es imperativo que los gobiernos actúen rápidamente para minimizar los costos crecientes de los conflictos violentos”. La experiencia internacional nos muestra que cuanto más se prolonga un conflicto, más complejo y costoso se vuelve resolverlo. No podemos, entonces, seguir postergando una solución integral, pues cada año de retraso significan miles de millones en pérdidas económicas, sin contar el incalculable costo humano y social que esto significa para el país.

La pregunta ya no es si podemos permitirnos el costo de una solución, más bien es si podemos seguir pagando el precio de la inacción. La Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento deberá entregar sus recomendaciones el próximo 31 de noviembre para el problema de tierras, desarrollo económico, institucionalidad, reparación de víctimas, entre otros. La evidencia está sobre la mesa y las cifras son claras. Solo resta la voluntad política y social para abordar este conflicto y que las propuestas logren estar a la altura del desafío que se les encomendó. De lo contrario, habrá que pensar en formas alternativas, pues el futuro de La Araucanía, y por extensión, también del país, depende de ello.

Por Jorge Cordero, Faro UDD, y Jaime Huenchuñir, Confederación Económica Mapuche