La ausencia de un debate sobre un Pacto Fiscal en Chile es preocupante, especialmente porque parece no haber una comprensión clara sobre su significado y cómo se diferencia de una reforma fiscal. No se trata sólo de recaudar y distribuir recursos, sino de establecer una herramienta clave para construir un país más equitativo y sostenible para las futuras generaciones.

Pero, ¿qué es un Pacto Fiscal? “Pacto” implica un acuerdo público y político que define la orientación de la política fiscal a largo plazo. A diferencia de una reforma fiscal, que ajusta aspectos específicos dentro de un modelo ya existente, un Pacto Fiscal es una decisión colectiva sobre cómo financiar las necesidades del Estado y el rol del sector público en el desarrollo económico y social del país.

Cada nación diseña su modelo tributario y fiscal según sus propias necesidades, historia y cultura. En Chile, nuestra cultura tributaria ha evolucionado durante décadas, buscando recaudar los fondos necesarios para que el Estado funcione adecuadamente.

Sin embargo, ningún modelo fiscal será adecuado si no cubre las necesidades mínimas para el buen funcionamiento del Estado. Aquí surge una pregunta fundamental: ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué modelo y tamaño de Estado deseamos? ¿Qué rol queremos darle al Estado?

Discutir un Pacto Fiscal no se limita a definir el sistema tributario; también implica acordar cómo se utilizarán los recursos del país y qué modelo de desarrollo queremos para Chile. Es importante también considerar el crecimiento económico sostenido como una fuente permanente de recursos para el Estado, que aumente la recaudación y que dinamice la actividad económica.

Es frecuente que se confundan “reforma fiscal” y “Pacto Fiscal”. La diferencia es crucial: una reforma fiscal ajusta aspectos específicos del sistema vigente, mientras que un Pacto Fiscal define las reglas a largo plazo.

A lo largo de la historia, Chile ha implementado varias reformas fiscales, pero nunca ha logrado un verdadero Pacto Fiscal. Desde la configuración inicial del sistema tributario en 1974 y sus ajustes en los años 80, los cambios han sido solo modificaciones dentro de la misma estructura. El caso más cercano a un pacto fue en 1991, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, cuando se alcanzó un consenso para aumentar la carga fiscal, pero esto fue solo una reforma dentro del modelo existente.

Hoy, Chile enfrenta una discusión pendiente sobre su modelo económico y social. ¿Queremos un Estado más activo en el desarrollo económico o un rol más limitado? Estas preguntas deben resolverse antes de definir un Pacto Fiscal, ya que este debe estar alineado con la visión de país que queremos construir.

Un verdadero Pacto Fiscal debe garantizar los recursos necesarios para que el Estado cumpla sus funciones sin depender de reformas constantes. Debe surgir de un consenso político y social amplio, evitando que cada cambio de gobierno altere las reglas fiscales. En definitiva, es necesario acordar una política fiscal sostenible y justa, adaptada a los desafíos del futuro.

Es hora de que Chile se tome en serio la necesidad de un Pacto Fiscal. La discusión no debe seguir centrada en reformas parciales; necesitamos una visión integral que garantice estabilidad y sostenibilidad para las próximas décadas.

Por Jorge Espinosa, integrante del Directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, CED.