Columna de Jorge Fantuzzi y Bárbara Fischer: Inversión vs conflictividad municipal
En Chile, las demandas contra los municipios son algo relativamente común. Solo en el año 2019 hubo casi 13.500 demandas en contra de éstos. Sin embargo, hay mucha dispersión en este dato; mientras algunas comunas nunca son demandadas, otras comunas reciben muchísimas demandas. Por ejemplo, durante el 2012 la comuna de Linares recibió 1.220 demandas. En cambio, para el mismo año la Pintana y Alto Hospicio no fueron demandadas.
¿Tiene sentido pensar que los privados prefieran evitar invertir en comunas con municipios más “conflictivos”? ¿O que la calidad de vida de los vecinos es mejor cuando la municipalidad es poco conflictiva?
Aunque es esperable que desde una perspectiva pública a los políticos locales les convenga que aumente la inversión en la comuna, existe la posibilidad de que algunos proyectos de inversión, por muchos recursos extras que puedan brindar al municipio, sean impopulares. Ante este tipo de situaciones, los políticos podrían verse animados a desfavorecerlos, debido a los posibles costos electorales, en especial en momentos cercanos a una elección, lo que los podría incentivar a ser más propensos a los conflictos. Todo esto eventualmente disminuye las certezas de los privados que esperan que sus inversiones no se vean truncadas por decisiones políticas o electorales.
En un estudio reciente de Sebastián Manterola y Simón Pérez, dos alumnos de economía de la PUC, se estudiaron dos aristas respecto de la conflictividad municipal. Por un lado, el estudio buscó establecer una relación entre la conflictividad de los municipios, la inversión en la comuna, sus ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, se estudió si la conflictividad de los municipios está relacionada causalmente con características del alcalde. Es decir, se estudiaron posibles causas y efectos de la conflictividad municipal.
Para realizar la investigación se construyó un índice de conflictividad municipal (ICM), el que de manera muy simple puede entenderse como la desviación entre la cantidad de demandas a cada municipio, respecto de lo que estadísticamente debería haber tenido según sus características observables (como tamaño, población, ruralidad, entre otros).
Respecto de los efectos, utilizando diferentes métodos estadísticos se encontró que las comunas con un mayor ICM cuentan con menos inversión, lo que a largo plazo implica una reducción en los ingresos por impuesto territorial (el cual grava bienes raíces) y los ingresos por impuestos totales. Para esto se utilizaron los permisos de edificación generados por cada municipio, como una variable que permite aproximarse a la inversión en la comuna. Se demostró que un aumento de un punto en el ICM se correlaciona con una caída del 4,8% en los permisos de edificación.
Respecto de las causas de la mayor conflictividad en algunas comunas, no se encontraron efectos causales entre las características de un alcalde y el ICM. Se estudiaron, entre otras cosas, factores políticos como el partido del alcalde, si es reelegido o en su primer periodo, si es oficialista u oposición al gobierno central, y la composición del consejo municipal y su relación con el alcalde. Esta última característica es la única que parece relevante ya que gobiernos municipales menos fragmentados -alcaldes que tienen mayoría en el concejo municipal- reducen la conflictividad municipal. Probablemente hay factores no-políticos (como shocks económicos) que podrían explicar mejor por qué hay municipios conflictivos, pero falta indagar respecto de esto.
El estudio parece indicar que la conflictividad municipal puede influir en la vida de los vecinos de las comunas y que falta mucho para entender las razones por las que hay municipios más conflictivos que otros. La pregunta que queda planteada es qué se puede hacer desde un punto institucional para reducir la arbitrariedad con la que pueden operar los municipios. ¿Alguien toma el desafío?
