La crítica situación de Perú ha copado los titulares en estos días. El autogolpe de Pedro Castillo y su posterior destitución por el Congreso ha dividido a los gobiernos de la región, con algunos apoyando a Castillo y otros avalando el desenlace ocurrido. Sin embargo, con todo lo grave de la crisis peruana, no le llega ni a los talones a la que se está dando en otro país de las Américas, Haití.
El país más pobre del hemisferio occidental está en dificultades desde hace tiempo. Pero estas se han visto incrementadas en el último año y medio tras el magnicidio que acabó con la vida del Presidente Jovenel Moise en su propia residencia en julio de 2021, y el posterior terremoto que sacudió el sur del país, dejando miles de muertos, en una trágica rémora del de 2010, que provocó cientos de miles de víctimas fatales.
El gobierno del primer ministro Ariel Henry carece de toda legitimidad y ha sido incapaz de controlar la situación. Bandas armadas controlan dos terceras partes del territorio, la escasez de alimentos reina, y la inseguridad ciudadana es la regla a lo largo y lo ancho del país de los jacobinos negros. Secuestros y asaltos están a la orden del día. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU y ONG internacionales no pueden distribuir ayuda alimentaria por tierra debido al temor de ser asaltadas, y deben hacerlo por aire, con el consiguiente aumento de costos, que limita aún más su accionar. En ninguna parte del hemisferio son más violados los derechos humanos que en Haití.
Por increíble que parezca, la comunidad internacional se mantiene de brazos cruzados ante esta tragedia. Gestiones de Estados Unidos y de México para buscar algún tipo de intervención de la ONU no han tenido éxito, y el Consejo de Seguridad está paralizado. La noción dominante parece ser dejar que Haití “se cueza en su propia salsa”.
Esto es inaceptable. Tanto desde el punto de vista humanitario como del de la seguridad regional, el permitir que un país de las Américas devenga en estado fallido controlado por bandas criminales es una receta para el desastre.
Desde 2004 a 2017, Naciones Unidas tuvo una misión en Haití, Minustah, que logró estabilizar el país, permitiendo importantes avances, antes de ser remecidos por el terremoto de 2010. Esa fue la primera misión de paz de la ONU con una mayoría de efectivos latinoamericanos, y tanto Chile como Brasil jugaron un papel clave en ella.
En momentos en que se da una nueva coyuntura política en América Latina, con gobiernos más comprometidos con la cooperación regional y el multilateralismo, ha llegado la hora de dar una solución a la crisis de Haití. Estados Unidos no está dispuesto a intervenir en forma unilateral y la Organización de Estados Americanos (OEA) ha perdido credibilidad para hacerlo. Una iniciativa latinoamericana en el marco de la ONU, tal vez liderada desde Brasilia, Bogotá y Santiago, similar a la Minustah, sería el mejor camino para evitar que Haití siga rumbo al despeñadero.
Por Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales, Universidad de Boston
