Por Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales, Universidad Católica de Chile
Nuestra política comercial no necesita un “test de legitimidad”. Su legado como instrumento para el desarrollo de Chile es claro: más de la mitad del PIB se explica por el comercio exterior, en 30 años se han duplicado el número de empresas, bienes y servicios exportados, y cerca de 3 millones de empleos directos e indirectos se explican por la actividad exportadora.
Derechas e izquierdas han reconocido el profesionalismo y seriedad de nuestras negociaciones internacionales. La apertura hacia el Asia-Pacífico de Frei, el TLC con Estados Unidos de Lagos o la Alianza del Pacífico de Piñera, dan cuenta de un hecho casi excepcional en el Chile de hoy: la política comercial es una política de Estado.
¿Significa entonces que es una política intocable? De ningún modo. La mejor prueba son los últimos años. Las negociaciones comerciales dejaron de ser una mera cuestión arancelaria y en la actualidad se negocian temas ambientales, laborales, entre otros. Dos acuerdos llevan la vanguardia en estas materias: el TPP11 y la modernización del Acuerdo de Asociación con la UE. Inexplicablemente, ambos pendientes de aprobación en Chile.
Tampoco significa que la política comercial sea hermética y no pueda admitir consultas ni participación ciudadana. Nuevamente, la mejor prueba son los últimos años. Existencia de un consejo de la sociedad civil con las principales organizaciones gremiales y academia; “cuartos adjuntos” para informar sobre el avance de las negociaciones; mesas público-privadas, etc. Algunas de ellas han quedado documentadas, como la “Política Exterior 2030″ del gobierno de la Presidenta Bachelet.
El error inicial de la “consulta ciudadana” del gobierno fue establecer como uno de sus objetivos “legitimar” la política comercial, como si fuese ampliamente cuestionada. Ningún indicador, salvo los clásicos grupos opositores a los TLC, revelan una oposición a la inserción chilena internacional. Hizo bien Cancillería en corregir rápidamente ese punto y eliminar la desafortunada expresión “legitimar”. El gobierno deberá seguir esforzándose en “ahuyentar” esos fantasmas que proponían en el pasado revisar unilateralmente los tratados o aquel germen “anti-TLC” del Frente Amplio.
La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, por su parte, deberá manejar las expectativas con la consulta ciudadana. Esta se basaría en la iniciativa “Trade for All” de Nueva Zelanda de 2018, que tuvo como guía principios básicos: apoyo al comercio basado en reglas, a los acuerdos multilaterales y a la integración económica de Nueva Zelanda a través de acuerdos comerciales bilaterales y regionales. Es fundamental que el caso chileno parta con ciertos presupuestos básicos, dejando en claro que no se trata de un proceso refundacional ni menos una revisión de los tratados vigentes.
Es sano que los países evalúen el impacto de sus políticas públicas y abran espacios para recoger las opiniones de los usuarios e interesados en comercio exterior. Pero estas consultas no están destinadas a definir la política exterior, sino ser un insumo útil para quien debe tomar decisiones, que son los gobiernos.
Nuestra política comercial ha sido y seguirá siendo clave para el desarrollo y la diversificación internacional de Chile. El camino no es redefinirla ni menos someterla a un test de legitimidad. Al contrario, necesita acelerar a fondo para enfrentar de mejor forma estos tiempos inciertos.
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