La nueva Estrategia Nacional del Litio declara que uno de sus objetivos es “el liderazgo mundial de Chile en la industria del litio, articulándose con actores nacionales e internacionales”. Un objetivo ambicioso, pero surgen tres preguntas.
Primero, si Chile aspira a ser un líder global ¿por qué esta estrategia no hizo ninguna mención al contexto geopolítico? El litio es un recurso estratégico para la transición energética y las grandes potencias saben que el acceso a minerales críticos equivale a mayor poder global.
El documento nada dice de esta dimensión tan relevante, considerando que las dos principales potencias – Estados Unidos y China – están endureciendo su confrontación, tienen importantes intereses en la industria del litio y compiten por tener el control de las cadenas globales de suministros ¿Cuál será la posición de Chile? ¿Neutralidad a todo evento? ¿Incorporación de criterios de seguridad nacional para inversiones estratégicas? Siendo el tercer país con mayores reservas de litio, segundo productor mundial y principal productor de cobre, llama la atención que la “geopolítica” de la transición energética no haya tenido una sola una línea.
La segunda pregunta que surge es si la Estrategia del Litio genera incentivos para diversificar o para concentrar la presencia de actores internacionales. Aunque falta conocer detalles y el gobierno ha ido moderando los anuncios, a primera vista los incentivos no están puestos para la entrada de nuevos actores. La supuesta participación mayoritaria del Estado en todos los proyectos público-privados hace poco atractivo para un inversionista extranjero asumir el 100% del riesgo, poner el capital y la tecnología sin tener el poder decisorio. La excepción estaría en la inversión china, cuyo “capitalismo estatal” lo hace operar con lógicas distintas y cuya presencia en las exportaciones chilenas (más del 40%) le da un mayor poder de negociación con el Estado chileno.
Si el gobierno flexibiliza su propuesta inicial y acepta que en algunos proyectos de explotación el Estado no necesariamente deba ser mayoritario o incluso parte de la propiedad, Chile podrá incentivar la participación de privados en igualdad de condiciones, frente a otras compañías que forman parte de potencias mundiales con economías regidas por estados autoritarios.
La última pregunta que aparece es si la Estrategia ha reforzado o puesto en cuestión la “imagen país” de Chile. Al menos preliminarmente, la debilitó. De lo contrario, no hubieran sido necesarias las aclaraciones del Presidente y sus ministros, ni la reciente campaña para mostrar cuántos medios e inversionistas extranjeros están de acuerdo con la nueva política. Una estrategia clara, simple y consistente se hubiera ahorrado estos días de declaraciones y el tan incómodo titular internacional de que Chile “nacionalizó la industria del litio”. Para ahuyentar fantasmas, el gobierno no puede permitirse “un nuevo TPP”, donde una autoridad decía “a”, y otra “b”.
El 2010, Chile fijó como meta ser un país desarrollado al 2018. Esa meta no se logró. Hoy tenemos una segunda oportunidad para dar el salto de la mano de la transición energética. Que nuestras riquezas naturales vengan acompañada de una riqueza en las políticas públicas.
Por Jorge Sahd K., director Centro de Estudios Internacionales UC
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