Columna de José Antonio Valenzuela y Diego Muñoz V.; Milei, Trump y la desregulación

Soplan vientos desregulatorios. En julio de este año, al sur del continente, el Presidente de Argentina, Javier Milei, creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hace tan solo unos días, algo más al norte, Donald Trump fue electo como Presidente de Estados Unidos con la promesa de reinstalar las políticas desregulatorias de su primer período, comprometiéndose a terminar, según se indica en la plataforma oficial de su campaña, “con la arremetida regulatoria de los demócratas”.

En el caso de Argentina, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se creó a través del Decreto 585/2024, como parte de un proceso de reducción del gasto público. A esta institución le corresponde asistir al Presidente en la implementación de una desregulación que permita simplificar y reducir las cargas burocráticas, las regulaciones y controles, los costos al sector privado y productivo y, en general, aumentar la libertad económica en el país trasandino.

En el caso de Estados Unidos, la promesa de los republicanos de reinstalar las políticas desregulatorias del primer mandato de Trump nos recuerda su Regulatory Budget. La implementación de esta política significó que, por mandato presidencial, las agencias debían compensar los costos de las nuevas regulaciones eliminando las cargas existentes a fin de alcanzar un “costo cero”. Junto con esto, estaban obligadas a eliminar dos regulaciones por cada una nueva emitida- política más conocida como one in, two out-. Hoy el controvertido presidente electo redobla la apuesta, incorporando a su campaña al multimillonario Elon Musk, quien ha impulsado la idea de crear un Departamento de Eficiencia Gubernamental con el propósito de reducir en dos trillones de dólares el presupuesto de la Administración Federal. A tal punto llega esta asociación que Trump se refiere al dueño de Tesla como el “Secretario de Reducción de Costos”.

Los nuevos acontecimientos traen entonces una noticia alentadora y otra preocupante. Por un lado, es de celebrar que el debate por la calidad de la regulación por fin se esté instalando con fuerza en Sudamérica. Preocupa, sin embargo, que llegue en una versión excesivamente ideologizada, donde la desregulación se muestra como un fin en sí mismo, en lugar de un medio para alcanzar una Administración eficaz y una mejor regulación.

En nuestra perspectiva, es esperable que la Administración suprima los trámites y controles innecesarios o duplicados, y que derogue aquellas normas contradictorias u obsoletas. De hecho, el propio Barack Obama emitió en su primer mandato la Orden Ejecutiva N°13.563 (ratificada y complementada posteriormente por la administración de Biden), para la mejora de la regulación y la revisión regulatoria, promoviendo la modificación, simplificación y derogación de las normas que puedan resultar obsoletas, ineficaces, insuficientes o excesivamente onerosas. Lo que tememos, sin embargo, es la creación de instituciones y la adopción de medidas que tienen el solo objeto de desregular, puesto que al ordenar a todos los órganos públicos la supresión sin más de las regulaciones podemos estar deshaciéndonos de reglas que están cumpliendo un rol, y que aun admitiendo mejoras, no deberían desaparecer.

El desafío entonces para Chile, donde actualmente se debate el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N°16.566-03) y el proyecto de ley que crea la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas (Boletín Nº16.799-05), es abordar la discusión por la calidad regulatoria de manera íntegra, con equilibrio y moderación, de manera que podamos avanzar transversalmente en un tema que por décadas no ha sido prioridad en nuestro país.

Por José Antonio Valenzuela Mac-Kellar, director de Incidencia en Pivotes, y Diego Muñoz Vicuña, PhD (c) en Derecho Público e Investigador en Mejora Regulatoria, por la Universidad Carlos III de Madrid