Columna de José de la Cruz Garrido: Los incentivos a migrar (ilegalmente)

La política migratoria de “enrolar ilegales” o “regularización acotada” es un nuevo capítulo de una política migratoria consistente. Ahora bien, esta política migratoria es un asunto de Economía Política. En el entendido que esta disciplina trata con el bienestar y la riqueza de la población nacional. Y lo que está haciendo el gobierno es gravísimo, ya que daña al país. Los incentivos (que se han denominado “efecto llamado”) que enfrentan los migrantes que vienen de países que no les ofrecen ninguna oportunidad son evidentes. Por ejemplo, los hijos de migrantes que ingresan ilegales tienen, por ejemplo, prioridad a la hora de ir a un Jardín Infantil (art. 15 Ley de Migración y Extranjería de Chile), en un contexto que se estima que 150.000 migrantes trabajan sin autorización y alrededor de 533.000 migrantes trabajan cotizando 0 en Fonasa.

En este contexto, no es de extrañar que la SNA y la CPC saquen cuentas alegres con esta política migratoria que asegura regularizar mano de obra. El problema de los incentivos de la política pública es que, al igual que con los retiros de las AFP, tendremos nuevos enrolamientos, generando expectativas en la población migrante futura. Esta política ha desmejorado la calidad de vida de los chilenos más vulnerables. En un sistema de salud colapsado, literalmente la gente está muriendo. Ni hablar del tema de seguridad que da para una columna aparte.

Un fundamento de este ejercicio de regularización acotada lo encontramos en el primer proceso constituyente liderado por la izquierda que actualmente gobierna. Al parecer, el fracaso electoral no significó claudicar a las ideas que ahí se defendían. A la izquierda chilena poco le importa el apoyo popular que tenga su ideario. Ya en el proyecto constituyente se defendió el “derecho a migrar”; el eslogan “nadie es ilegal” resume una consigna que han defendido en diversos espacios, los mismos que hoy lideran el Ejecutivo: Jaime Gajardo, Luis Thayer y Luis Cordero, incluida agrupaciones como Servicio Jesuita a Migrantes, han sido decisivos.

Tampoco es trivial que la causa última de la crisis migratoria chilena provenga de Venezuela, Bolivia, Colombia o Haití. Las crisis migratorias provienen de países autoritarios (o donde proliferan grupos armados) desde donde, literal, la gente arranca. El caso de Venezuela es aún más complejo ya que hay indicios que este Narco Estado lidera organizaciones del crimen organizado transnacional que lucran con la crisis migratoria.

Por lo mismo, cabe terminar con los incentivos perversos. Impuestos a las remesas. El control efectivo de las fronteras, incluyendo militares, con especial foco al uso de menores como pasaportes humanos. Terminar con beneficios en salud, educación y cualquier privilegio por el hecho de ser migrante, para detener el flujo. Sancionar con cierre de empresas a quienes emplean ilegales. Una política clara frente a ocupaciones y tomas de terrenos que proliferan en todo el país. Sin embargo, cabe reconocer que en la práctica no son posibles las expulsiones masivas, pero sí es posible dar las señales correctas de venir a Chile en el futuro. El mayor desafío será conciliar una mirada pragmática que resuelva la crisis actual, con el uso inteligente de datos, dar señales claras que vayan en la dirección contraria de este enrolamiento “parche”. Y así como vinieron tendrán que volver, si dejamos ser el paraíso de los ilegales.

Por José de la Cruz Garrido F., Centro de Políticas Públicas, Fac. de Gobierno UDD