En una democracia como la chilena, el llegar a acuerdos sobre determinados temas es parte del juego político.
Y es, a su vez, de la esencia de todo acuerdo el que ninguna de las partes del mismo quede completamente satisfecha, pues lo que se busca es un mínimo realista de lo que se puede hacer con determinadas mayorías en un momento dado y no la imposición del ideario de una mayoría relativa por sobre el resto de jugadores del tablero político.
De lo anterior no se sigue lógicamente que todo acuerdo es bueno. Una cosa es que el acuerdo sea necesario en un sistema democrático para el avance de proyectos de ley, y otra muy distinta es que el acuerdo al que se llegue sea bueno o no.
Esta valoración será distinta para cada una de las partes que participaron del acuerdo, pues, si se traspasan las líneas rojas de alguna de ellas, la parte afectada tiene un “derecho a reclamo” y puede legítimamente desmarcarse de la votación favorable del acuerdo.
Por otro lado, si se desea defender el acuerdo al que se llegó con el resto de los jugadores políticos, también se puede hacer legítimamente. Pero, en este caso, se debe ser honesto con sus votantes.
Ningún partido es dueño de la conciencia de sus votantes, ni siquiera de la de sus parlamentarios, por lo que si un acuerdo transgrede alguna de las ideas o propuestas que originalmente se iban a defender para destrabar, por ejemplo, una reforma, se debe ser claro y transparente con los militantes y adherentes. Así, bajo esta circunstancia se debe señalar el por qué se accedió a dicho acuerdo y, en la medida de lo posible, convencer a los seguidores de por qué se actuó de esa forma.
Esto ya que si se defiende lo acordado sin hacer la debida explicación al electorado, habrá una natural reacción y sensación de traición y engaño entre los adherentes. Si se transa lo originalmente intransable, entonces se debe, al menos, explicar por qué, qué se ganó o por qué estaban equivocados desde un principio.
Esto es lo que ha sucedido en la centroderecha con el acuerdo de pensiones logrado con el gobierno: se dijo desde un inicio que se iba a defender la propiedad de las cuentas individuales de los trabajadores y que toda la cotización tendría por destino único estas cuentas. Sin embargo, se acordó que un 1,5% irá a un préstamo al Estado. Hasta ahí los negociadores actuaron legítimamente.
El problema es que se intenta promocionar el préstamo como la mejor alternativa posible, cuando no lo es (sino debió haberse propuesto antes y no haber defendido el total destino a las cuentas individuales desde un principio). Seguramente sus más férreos defensores tampoco lo creen. Pero, por algún motivo, la defensa del acuerdo se está haciendo sin asumir lo más evidente: la centroderecha cedió y permitió el préstamo. Lo que ahora corresponde es explicar por qué se cedió.
Mientras las explicaciones correspondientes no sean dadas, el resto de simpatizantes del sector mantenemos nuestro “derecho a reclamar” en las elecciones de fin de año.
Por José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica
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