Por José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica
Una de las principales críticas que se le hicieron al entonces candidato a Presidente Gabriel Boric durante la segunda vuelta fue el repentino cambio de opinión y actitud respecto a temas importantes. Uno de los más relevantes relacionado con la seguridad pública y la violencia. De estas materias prácticamente nada se abordaba en el programa de la primera vuelta y en los debates el candidato de la izquierda procuró dar especial énfasis a esto.
A raíz de lo anterior, cabía la legítima pregunta de qué Gabriel Boric iba a gobernar, si el de primera vuelta o el de segunda. La verdad es que aún no lo sabemos. No lo sabemos porque las señales son confusas y muchas veces el gobierno actúa a regañadientes, y resulta claro que el Ejecutivo se ha visto superado por los hechos ocurridos en la Macrozona Sur y también por la violencia en el centro de Santiago.
Este problema no es solamente del Presidente Boric, sino que lo es también de sus ministros, los partidos que lo apoyan e incluso algunos asesores. Hasta hace pocos meses, estas personas eran parte de la oposición. Muy activos en redes sociales, solían denunciar lapidariamente cualquier tipo de problema social que existía como culpa de la administración anterior. Esto se daba con especial reiteración en materias de orden y seguridad.
Por ejemplo, el Partido Comunista y el Frente Amplio fueron opositores activos a la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, a tal punto que el entonces diputado Boric dijo que era un error de manual para apagar el fuego con bencina. Sin embargo, a las pocas semanas de asumir, ya como Presidente, utilizó esta misma legislación contra los camioneros que se manifestaban por condiciones mínimas de seguridad.
En los liceos de Santiago, no solamente dijeron que enfrentar los hechos de violencia a través de la fuerza pública era “criminalizar la protesta social”, sino que, además, la alcaldesa Hassler -entonces concejal de Santiago- se atrevió a decir que la violencia se producía por la provocación de las autoridades de turno. Hoy vemos como esa violencia sigue, aunque es ella quien está a cargo. ¿Qué explicación tendrá ahora?
El mayor problema que tiene ahora el gobierno es cómo enfrentar el terrorismo y la violencia delictual en la Macrozona Sur, y ser fiel a la obligación presidencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Cada vez que el gobierno anterior intentó hacer algo, dijeron que eran medidas contra los pueblos indígenas. La izquierda ahora gobernante se opuso en 2021 cada vez que se propuso renovar el estado de excepción constitucional. Hoy están aplicando uno “acotado”, que se está viendo claramente desbordado y que ha vuelto a ver sangrar al sur de Chile. Al gobierno no le basta enviar condolencias de ocasión; debe imponer todo el peso del Estado de Derecho y garantizar la vida en paz y tranquilidad para todo el territorio nacional.
Cambiar de opinión no es un pecado, pero sí lo es en política en caso de no haber explicaciones consistentes, no asumir el error de las declaraciones pasadas y de la irresponsabilidad por las frases categóricas. La tarea de hoy es gobernar, nada más y nada menos.
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