Por José Francisco Lagos, director ejecutivo de Instituto Res Publica
Los últimos datos no engañan: a los chilenos no les gusta el borrador de nueva Constitución. Esto no solamente se puede afirmar viendo los posibles resultados del plebiscito, sino que -haciendo un análisis de cada postura- incluso quienes dicen aprobar ya están planteando cambios que se le deberían hacer al proyecto de nueva Constitución.
Para nadie es un misterio la postura del gobierno en torno al plebiscito. El Presidente y sus ministros están por el Apruebo. Pero no simplemente porque les gusta el borrador -cosa que suponemos-, sino también porque se comprometieron completamente con el proceso y le entregaron un verdadero cheque en blanco a la Convención Constitucional. Esto lo reafirma la declaración que hizo el Presidente Boric, de que cualquier cosa sería mejor que una Constitución escrita por cuatro generales, o también las afirmaciones del ministro Jackson cuando señaló que el éxito del proceso constitucional era clave para el resultado del gobierno.
En ese contexto, la campaña promovida por el Ejecutivo, llamada “Hagamos historia”, parece un recurso desesperado frente a un escenario eventualmente adverso, indeseado e inconveniente para el gobierno.
Esta desesperación es posible notarla en varios puntos. En primer lugar, por el intento de pasar gato por liebre, en un contenido que está claramente intencionado para la postura del gobierno. La campaña utiliza mensajes ambiguos para transmitir una información, pero lo suficientemente amplios para poder desmarcarse cuando son puestos al pizarrón. Muy parecido a lo que hace la Convención Constitucional en la redacción de las normas. Esta “viveza” es lo que tiene también en crisis a las instituciones: estirar el chicle lo máximo posible, y solo si es escandaloso, o termina resultando impopular, dar un pie atrás y pedir perdón. Quizás lo más exigible a las autoridades es que hagan lo que corresponde, en vez de arrepentirse tantas veces de sus propias acciones.
En segundo lugar, es curioso que exista este interés por “informar” cuando falta tanto tiempo para el plebiscito. Nuestro país, a través del Servel, tiene una institucionalidad al respecto y le asignamos recursos precisamente para que se encargue de esas materias. ¿Qué lleva al gobierno a adelantarse al proceso y a la campaña? Pareciera que prima lo relacionado con el escenario actual, más que el puro afán de informar.
En tercer lugar, cuando se señaló que esta campaña estaba financiada con recursos públicos, se respondió que en esta etapa ni siquiera se contrató una agencia externa, sino que lo hicieron los propios funcionarios del gobierno. Habría que preguntarles a esos funcionarios quién les paga a fin de mes, porque a todas luces están destinando tiempo de su trabajo para realizar este contenido.
Frente a esto, la Contraloría es clara cuando señala que “el Ejecutivo no puede asumir, en el ejercicio de la función pública, una posición sobre la materia que será objeto de consulta en este nuevo proceso eleccionario”.
Los chilenos entendemos lo que se está transmitiendo, no es necesario darle tantas vueltas, ni siquiera a los errores del video. Lo verdaderamente problemático es que funcionarios estén destinando tiempo de su trabajo, pagado por todos los chilenos, para este tipo de mensajes. Aunque a algunos no les guste la institucionalidad vigente, tienen la obligación de cumplirla, y eso implica restarse de utilizar recursos públicos y pronunciarse sobre una de las dos posiciones en el ejercicio de la función pública.
