Después de los contundentes resultados del plebiscito del 4 de septiembre, ha existido cierta discusión al interior de la centroderecha en torno a la continuidad del proceso constitucional. Por un lado, hay un grupo que está por convocar a una nueva convención constitucional y, por otro, quienes creen que quien ya tiene el poder constituyente y las atribuciones para hacer los cambios es el Congreso Nacional.
Independientemente de que son posturas contingentes y en un escenario político cada vez más complejo, es razonable que existan distintos puntos de vista al interior de la coalición de centroderecha. Esto no debería ser motivo de preocupación en el contexto político institucional que atraviesa Chile, pero si debería serlo el nivel argumentativo de esta discusión.
La comprensión de que existe una discordia constitucional políticamente instalada, no puede negar el hecho de que la popularidad del cambio constitucional también tiene relación con que fue la única respuesta que dio la política a propósito de los hechos ocurridos el 18 de octubre del 2019 y los días siguientes. A tal punto que el acuerdo del 15 de noviembre tenía por nombre “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”.
Esto es relevante, pues erróneamente se hace una interpretación extensiva del plebiscito que dio inicio al proceso: se olvida que dicha elección estuvo marcada por esa circunstancia y que, jurídicamente, ese proceso terminó el 4 de septiembre con el holgado triunfo de la opción Rechazo en el acto electoral con mayor número de votantes en la historia de nuestro país.
Independientemente de lo anterior y del esfuerzo que aún debemos hacer para interpretar qué dijeron los chilenos el 4 de septiembre, la política no puede ensimismarse en sus propias soluciones y debe escuchar a la ciudadanía. No puede arrogarse el monopolio exclusivo en la participación ciudadana, menos aún cuando fue la sociedad civil organizada la que desempeñó un rol clave en la discusión de la propuesta entregada por la Convención y en la campaña propiamente tal.
Una de esas soluciones podría ser una nueva convención constitucional. Si bien una parte importante de la dirigencia de Chile Vamos está de acuerdo con esta opción, no es correcto, ni tampoco leal, que se denuncie que quienes se oponen a la idea de una nueva convención, sean personas que crean en el inmovilismo o no quieran cumplir la palabra empeñada. Es verdad que en la campaña se señaló que la centroderecha estaba por una nueva y buena Constitución, pero eso no quiere decir que haya que repetir un proceso fracasado.
La política y sus instituciones, como por ejemplo el Congreso, no pueden renunciar a priori a ser la solución del problema constitucional; sobre todo cuando existen las atribuciones, los recursos, la representatividad para legítimamente ofrecer una mejor alternativa a los chilenos.
Por José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica
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