Columna de José Ignacio Camus: House of cards

Estamos inmersos en un contexto donde la transparencia y el cumplimiento son fundamentales para cualquier organización. Tanto las instituciones privadas como los organismos públicos están bajo un escrutinio constante. Por ello, es urgente que estas entidades refuercen sus cimientos regulatorios y de buenas prácticas, tal como lo haría cualquier empresa comprometida con la ética y la legalidad.

La Corte Suprema, uno de los pilares de la justicia en nuestro país, ha sido duramente golpeada por casos que han afectado la credibilidad de algunos de sus integrantes. Los cuestionamientos hacia figuras como Ángela Vivanco, involucrada en controversias sobre sus decisiones judiciales relacionadas con su vínculo con Luis Hermosilla, y la crítica hacia el exfiscal Manuel Guerra por su rol en investigaciones de alto perfil, han dejado una marca indeleble en la percepción pública de nuestras máximas instancias judiciales. Estas situaciones resaltan la necesidad de un enfoque más riguroso en la regulación y la ética institucional.

Así como una empresa puede sufrir un impacto directo en su reputación cuando sus controles internos fallan, las instituciones públicas también enfrentan consecuencias similares. Cuando las bases que sustentan la regulación y el cumplimiento se ven comprometidas, la confianza en el sistema se erosiona. Sin un sistema de rendición de cuentas claro y transparente, existe el riesgo de que los ciudadanos pierdan la fe en la aplicación justa de sanciones y en la independencia de las decisiones judiciales.

El Estado, al igual que las empresas, debe garantizar la integridad de sus procesos mediante la implementación de controles internos sólidos y políticas claras de rendición de cuentas. La confianza en el sistema judicial no se edifica solo con discursos, sino a través de acciones concretas que aseguren la transparencia y la justicia. La cultura de cumplimiento no debe ser una respuesta reactiva, sino un enfoque proactivo que identifique vulnerabilidades y evite que el crimen se infiltre nuestras instituciones.

Para enfrentar estas amenazas, es esencial desarrollar estrategias de cumplimiento más amplias que incluyan políticas robustas sobre transparencia y rendición de cuentas. Esto debe ir acompañado de la capacitación continua del personal para prevenir influencias indebidas y conflictos de interés. En un entorno donde la desconfianza hacia la institucionalidad se ha vuelto una constante, cumplir con las normativas de transparencia y probidad no es suficiente; se requiere un compromiso sostenido con la implementación de controles internos sólidos y mecanismos proactivos para detectar y mitigar riesgos.

La falta de controles internos y la ausencia de una cultura de cumplimiento efectiva no solo afectan a las empresas, sino que también socavan los cimientos de las instituciones públicas, incluida la Corte Suprema. Casos como los de Hermosilla, Vivanco y Guerra son un claro recordatorio de que la transparencia, el control interno y la rendición de cuentas no son solo opciones, sino necesidades imperativas para garantizar la confianza en nuestras instituciones.

Aquellas entidades que no adopten un enfoque proactivo hacia el cumplimiento se arriesgan a comprometer su credibilidad y su capacidad de operar efectivamente. Tanto el sector público como el privado deben unirse para fortalecer la cultura de compliance, asegurando que las normas no solo existan en el papel, sino que se apliquen en la práctica. Solo así podremos construir un sistema institucional más robusto y confiable.

Por José Ignacio Camus, co-Founder Admiral Compliance