Columna de José Manuel Astorga: Ciclo electoral: No más generalidades en educación

Con el inicio de las campañas presidenciales, es previsible una avalancha de promesas en educación. Muchas serán declaraciones genéricas y bien intencionadas, como “vamos a mejorar los resultados” o “aseguraremos la equidad del sistema”. Sin embargo, pocas abordarán las razones estructurales que han impedido avanzar en el acceso a educación de calidad.

La sobrecarga regulatoria y la falta de autonomía de los actores educativos son parte central del problema. En los últimos diez años, Chile ha experimentado una sucesión de reformas que han generado un sistema cada vez más complejo y burocrático. Instituciones como el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, la Dirección de Educación Pública, los Servicios Locales de Educación y muchas otras compiten por espacio y atribuciones, generando ineficiencias y confusión.

Un ejemplo claro es la incapacidad del sistema previsto para garantizar la calidad educativa de manera efectiva. La Ley N° 20.529 creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), diseñado para evaluar y transparentar la situación de los colegios. Se suponía que aquellos con desempeño insuficiente por más de cuatro años serían reemplazados. Sin embargo, la Ley de Inclusión Escolar de 2015 debilitó este mecanismo al restringir la creación de nuevos colegios particulares subvencionados, limitando la competencia y reduciendo las alternativas disponibles para las familias. Hoy, el sistema identifica colegios con graves deficiencias, pero no existen alternativas para reemplazarlos ni mecanismos menos drásticos para intervenirlos.

También hay una rigidez institucional que impide soluciones pragmáticas. La prohibición de crear nuevos colegios subvencionados deviene en que los colegios de mala calidad no enfrentan una presión real para mejorar. No pueden ser reemplazados por mejores opciones, y los mecanismos intermedios, como la administración delegada o concesiones de establecimientos públicos a instituciones privadas de buen desempeño y trayectoria, son muy poco utilizados. Al mismo tiempo, las normas actuales dificultan que los sostenedores adopten decisiones administrativas que podrían mejorar la gestión escolar.

La maraña regulatoria también afecta directamente a las escuelas y sus directivos. Actualmente, hay cerca de 3.000 obligaciones normativas que deben cumplir los colegios, muchas de ellas dispersas en leyes, reglamentos, circulares, dictámenes y oficios. Esta situación genera incertidumbre, incrementa la carga burocrática y distrae a los equipos directivos de su foco principal: mejorar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Ante este escenario, la discusión educativa en esta campaña presidencial no puede reducirse a las habituales generalidades. No basta con declarar la intención de mejorar la calidad o superar las inequidades sin atender los vacíos estructurales e institucionales que impiden lograrlo. Es el momento de abrir espacios para la autonomía escolar, reducir la sobrecarga normativa y facilitar mecanismos efectivos para hacernos cargo de mejorar o reemplazar los colegios con desempeño deficiente.

Chile necesita un sistema educativo que permita una sana competencia entre opciones diversas para incentivar la mejora, que entregue información clara a los padres y madres y que cuente con instituciones más flexibles y eficientes. En esta campaña, el verdadero debate no debe ser sobre cuántas reformas nuevas podemos sumar, sino cómo corregimos las restricciones que hoy impiden avanzar hacia una educación de calidad para todos y todas. En esto se juega la equidad del sistema.

Por José Manuel Astorga, Pivotes