Cuando un extranjero ingresa de forma irregular al país, el Estado debe hacerse cargo y dar solución a su situación migratoria. La actual Ley de migraciones, en vigencia desde febrero de 2022, establece diversas alternativas, entre ellas, la dictación de la expulsión administrativa, medida clave para enfrentar actuales problemáticas, como son la delincuencia y el crimen organizado.
Pero su concreción requiere de voluntad política y eficiencia, pues la tardanza en su dictación y ejecución es un elemento que permite la generación de arraigo en el país, lo que conlleva que las expulsiones sean más difíciles de llevar a cabo. Este gobierno solo ejecutó 31 expulsiones en el año 2022, por lo que parece claro que las expulsiones administrativas no están en sus planes.
Por ello, la problemática del ingreso clandestino de extranjeros –desde la óptica del resguardo de las zonas fronterizas- solo puede ser abordada con el impedimento del ingreso a nuestro territorio o la reconducción inmediata de aquellos que lo logren.
El DFL publicado hace unos días entrega a las Fuerzas Armadas facultades orientadas a controles de identidad, registro y detención para el solo efecto de poner a las personas a disposición de las Policías, pero no para impedir el ingreso por pasos no habilitados. Por ello, la presencia de las FF.AA. en frontera no tendrá impacto en la prevención o disminución de los ingresos clandestinos, ya que las facultades otorgadas no persiguen este objetivo.
Por su parte, la reconducción inmediata, herramienta legal a utilizar una vez que el ingreso clandestino se ha materializado, ha sido suspendida por resolución del Servicio Nacional de Migraciones, debido a la negativa de Bolivia de aceptar en su territorio a aquellos que han atravesado todo ese país bajo la mirada de sus autoridades, conocedoras de que el destino final es Chile. Este acto continuo debería ser calificado, a lo menos, de inamistoso, pero el gobierno de Chile ha reaccionado, aceptando de hecho, a todos los migrantes que ingresen de esta manera. Esto es más grave aún, pues medios de prensa chilenos han consignado que, adicionalmente, los bolivianos impiden por la fuerza que los migrantes retrocedan a su territorio “aunque hayan sido detectados por patrullas chilenas”.
Las políticas públicas deben tender a la solución o mitigación de un problema público. En el caso del ingreso clandestino, el DFL no apunta a la solución de este problema, sino que lo normaliza y explicita la rendición del Estado de Chile ante el mismo, al no impedir el ingreso ni reconducir a los infractores.
Aunque parezca increíble, la medida -en la forma adoptada- incluso puede tener un efecto inverso y facilitar el ingreso clandestino, convirtiendo a las FF.AA. en un virtual Uber al puesto policial más cercano, para su posterior derivación a la capital regional de turno. Las vías de solución a esta problemática son claras, pero requieren de convicción y voluntad política. Desafortunadamente, si las FF.AA. o de orden no son autorizadas a realizar acciones tendientes a evitar el ingreso irregular y si la Cancillería chilena no exige exitosamente a Bolivia que cumpla sus obligaciones de resguardo fronterizo, esta situación sólo continuará escalando.
El gobierno de Chile no puede renunciar al control de su frontera y el primer paso es evitar el ingreso de extranjeros por pasos no habilitados o su reconducción inmediata al país desde donde ingresan. Tampoco se puede renunciar a exigir a Bolivia que impida que su territorio sea utilizado como país de tránsito. Esta situación equivale a una rendición que ningún Estado puede permitirse sin pagar altísimos costos en paz social y desarrollo humano.
Por José María Hurtado y Mijail Bonito, abogados
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