Columna de José Miguel Aldunate: La herencia de tensiones de Sergio Muñoz
Incluso tras su salida de la Corte Suprema, el exministro Sergio Muñoz sigue generando tensiones que afectan a las instituciones del país. Su reciente recurso de protección contra el pleno de la Corte Suprema expone las fisuras del sistema judicial y político chileno, mientras que dos recursos adicionales presentados por terceros contra la Cámara de Diputados agravan el estrés institucional.
El recurso busca garantizar la publicidad del informe de la Comisión de Ética del máximo tribunal, relacionado con la denuncia en su contra, para evitar la vulneración del debido proceso y la publicidad de los actos públicos. En este punto, Muñoz parece tener razón. La institucionalidad disciplinaria del Poder Judicial es deficitaria, como también lo señaló la exministra Ángela Vivanco.
Urge, por lo tanto, una reforma que regule con claridad las faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios. Como el exministro Muñoz interpuso, además, una acción de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, es probable que el caso aporte nuevos argumentos y puntos de vistas al problema.
Pero el caso es atípico. La Corte de Apelaciones debe resolver un recurso contra su superior jerárquico, del cual dependen las promociones de sus jueces. Esta situación pone en entredicho la imparcialidad judicial y subraya la urgencia de reformar el sistema de nombramientos. Más aún, si Muñoz apela, todos los ministros de la Corte Suprema estarían inhabilitados para resolver el caso, planteando un vacío jurídico que debilita la percepción de estabilidad institucional.
Por otro lado, los recursos interpuestos por terceros cuestionan la actuación de los diputados durante la acusación constitucional que culminó en su destitución. Alegan irregularidades al admitir a trámite una acusación conjunta contra Muñoz y Vivanco. Aunque este tipo de acciones son poco comunes, un antecedente de 1993 muestra cómo la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió a trámite un recurso similar contra el Senado tras la acusación constitucional contra el ministro Cereceda. Finalmente, el recurso fue rechazado, estableciendo que el juzgamiento de hechos en una acusación constitucional es atribución exclusiva del Congreso.
Es probable que la Corte de Apelaciones que revise el caso de Muñoz siga este criterio, respetando las competencias exclusivas de los poderes del Estado. Pero, si resolviera lo contrario, se abriría una peligrosa brecha institucional. Además, es posible que el caso derive en una eventual demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prolongando aún más el conflicto.
De este modo, el caso Muñoz pone en evidencia tres problemas críticos del Poder Judicial: un sistema disciplinario insuficiente, un modelo de nombramientos que no garantiza la independencia judicial, y la facilidad con que los fallos pueden amenazar la separación de poderes.
En última instancia, este caso no solo trata de los derechos de un exministro, sino que es un recordatorio urgente de las tensiones estructurales entre los poderes del Estado y la necesidad de reformar el sistema judicial y político chileno para evitar que estas crisis sigan debilitando las instituciones democráticas.
Por José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial
