Columna de José Tessada y Juan Pablo Ramaciotti: Informalidad laboral e inmigración irregular

En términos económicos, la migración ha significado un aporte muy importante para el país, contribuyendo a la actividad económica y generando un bono demográfico relevante en un contexto de envejecimiento poblacional. Sin embargo, también ha sido parte de un análisis crítico más profundo respecto de nuestra realidad, y se ha vinculado, de manera a veces injusta, al debate actual sobre seguridad, educación y vivienda, entre otros.

Pese a sus aportes, también hay desafíos importantes para integrar laboralmente de manera adecuada a quienes llegan al país. Uno de los principales retos es la informalidad laboral y su vinculación con la irregularidad migratoria. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, en el período diciembre 2023 - febrero 2024 se registró una tasa de ocupación informal en población extranjera de 31,1%, equivalentes a cerca de 317 mil personas. La informalidad laboral de extranjeros fue menor a la de los trabajadores chilenos hasta el año 2020, en que se invirtió el patrón y desde entonces los migrantes han presentado crecientes tasas de informalidad.

Para los migrantes, especialmente los de menor calificación y los que se encuentran en situación migratoria irregular, la informalidad es prácticamente una certeza. En ese sentido, la migración nos remarca la realidad del empleo informal, pero no es la causa última de ésta.

La combinación de informalidad laboral con inmigración genera competencia entre inmigrantes y entre inmigrantes y trabajadores locales de menor calificación que, al darse en un contexto informal, valga la redundancia, afecta el respeto de garantías laborales mínimas. También limita seriamente las posibilidades de integración social de las personas migrantes y abre mayor margen para mercados ilícitos, abarcando desde el comercio ambulante e incluso pudiendo llegar hasta la trata de personas, con todos los riesgos que esto supone para la seguridad pública y la de los trabajadores.

En un país con largas y porosas fronteras, con un número importante de migrantes ya residiendo y con condiciones de bienestar aún superiores a las de la región, una mejor alternativa es incentivar un ingreso ordenado a quiénes deseen llegar a nuestro país. En ese sentido, es necesario reforzar los canales de ingreso regular y fortalecer la capacidad de fiscalización y sanción a partir de las normas ya existentes. Actualmente, la Ley de Migraciones sanciona a los empleadores que contraten a extranjeros en situación irregular con multas que pueden llegar hasta las 200 UTM. Por su parte, el Código del Trabajo también establece multas de una a cinco UTM para los empleadores que no escrituren el contrato de trabajo. Sin embargo, los niveles de fiscalización y sanción aún son bajos. Un ejemplo de esto es que, durante el año 2023, la Dirección del Trabajo realizó apenas 63 fiscalizaciones en materias relacionadas a la contratación de extranjeros.

Disminuir la informalidad laboral de migrantes y la contratación de extranjeros en situación irregular requiere reforzar el cumplimiento de la ley, la fiscalización y la aplicación de sanciones. Pero no puede ser la única respuesta. Es necesario también facilitar la formalización en lugar de hacerla aún más difícil; generar mayores incentivos para que empleadores y trabajadores formalicen sus relaciones laborales; y fomentar mayor educación y entrega de información sobre los derechos que tienen los trabajadores.

Chile tiene una oportunidad importante de disminuir la informalidad laboral de la población migrante que no tienen otros países latinoamericanos, a través de la regularización migratoria. En países donde la informalidad es cercana o superior al 60% (como sucede en Bolivia, Perú, Colombia o México) una regularización migratoria probablemente no va a significar que los trabajadores migrantes salgan del sector informal. Sin embargo, en un país como Chile, que tiene tasas de informalidad inferiores al 30%, existe un margen de oportunidad relevante para que, quienes adquieran permisos de trabajo, puedan consolidar su integración laboral trabajando formalmente y aportando a nuestro país.

Por José Tessada, director Escuela de Administración UC, y Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo Centro de Políticas Migratorias