Es una idea de consenso que la protección de derechos fundamentales en la era digital requiere de una capacidad efectiva de control sobre la información personal. Diariamente, se generan y almacenan en línea datos personales de todo tipo, desde información financiera hasta registros de salud y patrones de consumo. Sin una legislación robusta para regular la protección de estos datos, las personas quedan expuestas a ciberataques, fraudes y abusos que pueden tener consecuencias graves.
Ante esta realidad, numerosos académicos y profesionales han pedido reanudar en el Congreso la discusión sobre la ley de protección de datos personales, ya que la tramitación en Comisión Mixta se detuvo con varios puntos aún sin resolver. Ese llamado es urgente y crucial.
Es importante aclarar que esta solicitud no se debe a intereses empresariales, sino a una preocupación legítima compartida por organizaciones de derechos humanos que rechazan la explotación indiscriminada de información personal. Avanzar en esta legislación es vital para garantizar la privacidad y seguridad de la ciudadanía ante las crecientes amenazas digitales.
El desafío de proteger datos personales no es exclusivo de Chile; es un fenómeno global que ha llevado a muchas naciones a adaptar y fortalecer sus leyes para responder a las exigencias y riesgos del mundo digital. Los ejemplos de la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) o la reciente legislación en Brasil, la Ley General de Protección de Datos (LGPD), sirven como modelos iniciales de cómo una regulación efectiva puede proporcionar un marco de seguridad y confianza para los ciudadanos y ciudadanas.
En esta materia, Chile se encuentra rezagado en comparación con otros países de América Latina. A pesar de tener la ley más antigua en la región, su falta de renovación ha significado que otros países hayan logrado mejores estándares de protección. Para no quedarse atrás, favorecer la competitividad internacional y garantizar una protección efectiva de toda su ciudadanía, Chile debe adoptar con urgencia una legislación que cumpla con estándares internacionales. Todos estos son argumentos conocidos y reiterados. Sin embargo, ni la razón ni la insistencia de decenas de profesionales han sido suficientes para salir de la inmovilidad. El vacío legal resultante continúa siendo aprovechado para acciones abusivas y hasta delictuales, comprometiendo así la seguridad y la confianza en el entorno digital. En otras palabras, el costo de la parálisis legislativa todavía es soportado por la ciudadanía.
En resumen, la necesidad de avanzar en la legislación sobre protección de datos personales en Chile no es solo una cuestión de mantenerse al día con tendencias globales, sino de asegurar que los derechos fundamentales de los ciudadanía estén protegidos de manera efectiva en un entorno digital cada vez más complejo. La demora en este ámbito no solo afecta la confianza y la seguridad de las personas, sino que también limita el potencial del país para competir en un mercado global donde la protección de datos es cada vez más valorada.
La implementación de una ley moderna y robusta de protección de datos personales es esencial para crear un ambiente digital seguro, donde los ciudadanos y ciudadanas puedan interactuar y realizar transacciones con confianza. Además, establecerá un precedente de responsabilidad y ética en el manejo de información personal, contribuyendo así a un ecosistema digital más justo y transparente.
La protección de datos personales es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad digital segura y confiable. La urgencia de actualizar y fortalecer la legislación en Chile no puede subestimarse, ya que está en juego la privacidad, seguridad y bienestar de las personas. Es tiempo de que el Congreso actúe con determinación y responsabilidad para cerrar la brecha legislativa y garantizar un futuro digital más justo y seguro para todos y todas.
La nueva legislación es necesaria para fijar condiciones conocidas para empresas y personas. Pero más importante, tanto la regulación como su implementación efectiva serán cruciales para la protección de los derechos fundamentales, asegurando una protección efectiva para todos los habitantes de Chile.
Por J. Carlos Lara, director Ejecutivo de Derechos Digitales
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