Que la arrogancia y la soberbia a nada conducen es una verdad mayoritariamente aceptada. La dificultad nace cuando se requiere definir a los posibles responsables de tales actitudes.
Al mundo progresista le costó años convencer a una contundente mayoría ciudadana de que Chile necesitaba no solo cambios, sino que construir una sociedad paritaria, con respeto a la diversidad, reconocimiento a los pueblos originarios, y estableciendo derechos explícitos y claros en una nueva Constitución.
En la muy maltratada y desvalorizada elite política chilena, la idea de cambios siempre ha generado urticarias y desconfianzas y, por ende, rápidas campañas de desprestigio y la inmediata reafirmación de esa impronta conservadora que suele surgir como respuesta a que se “nos desordene la casa”. Si a eso se agrega el temor de los actores económicos a que “se cambien las reglas de juego” por un posible daño a la estabilidad macroeconómica, el círculo se cierra rápidamente en torno a las corrientes de resistencia que surgen.
En las pasadas semanas, hemos vivido una súper síntesis de todo lo expuesto. Esa misma ciudadanía que escuchó, entendió y confió en una propuesta de cambio, sancionó con un categórico rechazo la arrogancia y soberbia de un sector radicalizado que, pese a los esfuerzos de parte importante de los constituyentes, logró imponer una lectura despegada de la realidad sociocultural de Chile. Sin embargo, y pese a que el compromiso explícito del sector vencedor fue la de rechazar para elaborar una nueva y mejor Constitución, paritaria y con nuevos constituyentes elegidos democráticamente, a solo días de la experiencia anterior y amparados por el resultado electoral, comienzan a dar muestras de dudas, cambiando matices y -en algunos casos- contenidos más de fondo de lo que fue su discurso, su relato y su promesa.
Asoman así nuevos indicios de la misma arrogancia y la soberbia, que aprisiona y se hace carne de algunos vencedores, con resultados que ya se sabe hacia donde conducen.
Es claro que el país deberá abordar un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, las indefiniciones que se mantienen (¿una nueva convención, un consejo de expertos, el Congreso?, o incluso sectores de la actual oposición que, pese a sus declaraciones en campaña, han señalado que no es necesario una nueva Constitución), generando un escenario de incertidumbre que puede echar por tierra la única oportunidad que va quedando para mejorar lo mal hecho, impulsando un cambio que la gente demandó con un 80% de los votos. Es de esperar que el sentido común se imponga, entre otras cosas, porque la democracia necesita de la política y los partidos, y la posibilidad de represtigiarse de las instituciones políticas está a la vuelta de la esquina, luego que parecían desahuciadas.
Debería estar muy claro que, un imperativo insoslayable para poner a Chile en sintonía con el desarrollo futuro, es avanzar decisivamente en el reconocimiento de derechos, de la diversidad y de los nuevos desafíos que nos impone un planeta cada vez más golpeado por la irresponsabilidad humana.
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