“En tiempos donde nadie escucha a nadie” -como dice una canción de Fito Páez- y cuando recién comienza la discusión constitucional, sería deseable que el proceso de debate de la nueva Carta Magna llegue a buen puerto, porque este trascendente proceso deliberativo, que ha comenzado con un texto aprobado por la unanimidad de las sensibilidades del país presentes en la Comisión Experta, se pondrá a prueba en momentos en que se requiere de visiones desideologizadas y convergentes.
Mi experiencia en la República Democrática Alemana, RDA, que en su momento era el décimo país más industrializado del mundo, me permitió comprobar que desarrollo y estabilidad social y política son dos conceptos que se deben compatibilizar para garantizar la paz social. En Alemania Oriental se contaba con un Estado que garantizaba salud, vivienda y educación gratuita, para toda la vida. Y aun cuando varios derechos más estaban también garantizados, la privación de libertades -que siempre se mostraron como transitorias- se transformó en el catalizador del desmoronamiento de ese ordenamiento político, jurídico y económico, por la ausencia de democracia, y del ejercicio de las libertades individuales y colectivas cercenadas. En síntesis, desarrollo económico y garantías sociales sin democracia no garantizan estabilidad, así como libertad económica y democracia sin garantizar derechos sociales es una sentencia de inestabilidad y protesta social permanente, como lo hemos comprobado en Chile.
Por ello, lo esperable es que el texto constitucional que emerja del Consejo descanse en cimientos que reflejen el tipo de sociedad que queremos construir, fundada sobre principios como derechos humanos, libertades, garantías y deberes para todos sus ciudadanos y un sistema político que custodie el ejercicio de la democracia moderna e inclusiva de cara al futuro. Para nadie es un secreto que el contenido fundamental que definirá el carácter de esta propuesta será en torno a Estado subsidiario o de derechos. Si el nuevo texto se pronuncia finalmente por el Estado social y democrático de derecho, como ha definido la Comisión Experta, entregaría un marco dentro del cual se puede sentir acogida la sociedad chilena en su conjunto.
El Estado social es una fórmula política-constitucional que se debe fundar en la dignidad, libertad e igualdad de las personas, así como en los principios de participación, pluralismo, solidaridad y en el respeto de derechos fundamentales, como que el poder electoral reside en el pueblo y que su ejercicio se verifica a través de instituciones, procedimientos y técnicas representativas y participativas.
Hoy más que nunca se debería tener presente que en los procesos de mutación hacia nuevos estadios de desarrollo social y político, la estabilidad solo se podrá conseguir con un texto final de Carta Fundamental que concite un apoyo mayoritario, para sentar las bases de un mejor futuro para Chile, donde el Estado chileno asuma el rol que le corresponde a un ente que debe situar al ser humano en el centro de toda su acción.
Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom
