En pocos días han ocurrido una seguidilla de impactantes hechos que demuestran dramáticamente la necesidad de que la institucionalidad asuma el desafío de restablecer la estabilidad, el orden y la paz en el país.
En el reciente fin de semana, verdaderas hordas de comerciantes ilegales no solo se opusieron, sino que atacaron a las fuerzas policiales y de seguridad pública en pleno centro de la capital, para recuperar las mercaderías, cocinillas y comidas que habían sido decomisadas, en cumplimiento de una orden de la alcaldesa por recuperar los espacios públicos ocupados en todo el centro de Santiago, uno de los más bellos atractivos turísticos que tenía la capital.
El lunes, un video -que solo porque se hizo viral devino en una intervención de la autoridad, con acciones poco claras- mostró que dos niños, uno de 12 y otro de 14 años, con sendos cuchillos en la mano, y también en pleno centro de Santiago, amenazaban a una mujer que intentaba ubicarse al lado de la madre de los muchachos para vender sus productos. Nada menos que una madre aceptaba que sus hijos pequeños estuvieran dispuestos a atacar a otra mujer, con el fin de impedir que se instalara en un espacio público en el que, por lo demás, ninguna podía ejercer el comercio ilegal.
También solo ayer, los dueños de camiones que aún mantenían su paro, ahora divididos ponían fin a un movimiento que alteró por tensas jornadas el normal funcionamiento del país, golpeando los bolsillos de la gente común y corriente, y que había sido calificado como “ilegal” también por la CPC, el órgano más representativo del mundo empresarial.
Injusto sería no reconocer que el Presidente Boric reconoció recientemente que en La Araucanía han ocurrido hechos de carácter “terrorista”, que anunció que el gobierno será “un perro” en el combate a la delincuencia, que en las últimas semanas se han dado golpes certeros a bandas delincuenciales y de narcotráfico, y que se registran decomisos de droga y una coordinación mucho más fina con Carabineros. Pero tampoco cabe duda que esto no basta en un país invadido por la violencia, la intolerancia, la delincuencia y el creciente temor ciudadano. La opinión pública está harta de esto. Es preciso demostrar de que lado está la autoridad, dejar establecido que en esta angosta y larga faja de tierra amamos la libertad y la paz, respetamos la diversidad y que no aceptamos la presión, el matonaje y la imposición en democracia de la fuerza por sobre la razón.
Esta es una gran oportunidad para que el gobierno “tome el toro por las astas” para enfrentar un tema que, a estas alturas, es primera prioridad ciudadana. En vez de ceder, es el momento de actuar, de usar la razón y la seducción en la búsqueda de soluciones político-sociales donde sea posible, pero principalmente la fuerza pública y todas las medidas que la legislación y la justicia contempla para adoptar castigos ejemplarizadores que permitan desterrar acciones que son inaceptables para la convivencia ciudadana y que usan la presión indebida como factor desestabilizador para conseguir sus objetivos.
Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom
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