Con la ceremonia en La Moneda de firma del “Compromiso transversal por la Seguridad”, con seis proyectos ya aprobados en el Congreso, con la ley Nain-Retamal en proceso de discusión final y con el llamado presidencial a legislar con un alto sentido de responsabilidad, se podría pensar que las convergencias y el sentido unitario para enfrentar a la delincuencia y al narcotráfico han llegado a puerto.
Sin embargo, nada de todo esto hay que darlo por sentado, ya que en lo que realmente se ha avanzado es en coincidir que el nivel de riesgo, delincuencia y temor que impera actualmente en nuestro país no tiene registros ni parangón alguno en nuestra historia. Que no merece discusión que la violencia, criminalidad y poder de fuego alcanzado por el crimen organizado enfrenta a una policía con poca experiencia y falta de entrenamiento adecuado.
Lo que no parece hacer aún pleno sentido es que este tipo de provocación organizada hace necesario unir esfuerzos y energías de todos los sectores para enfrentar como un solo cuerpo este peligro, dejando de lado, ideologismos, intereses políticos y electorales. Sin embargo, a contrapelo de todo lo anterior, lo que se hace y lo que se proyecta es exactamente lo contrario. Lo que observamos es una dinámica interminable de desconfianzas, una tendencia a aprovechar cualquier resquicio para golpear al adversario y, por ende, un afán de politizar cualquier acción o iniciativa que surja. Lo que se ve, es mucho más una dinámica política y electoral que un trabajo conjunto para el logro de resultados prácticos e inmediatos en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
Es cierto que el gobierno tuvo lentitud en asumir el grado de peligrosidad y prioridad que había en la seguridad pública. Tan cierto como que la oposición pareciera no tener límites en su afán de golpear sistemáticamente al Ejecutivo por razones electorales. Se entiende que estamos en período de campaña y que las elecciones de consejeros para el proceso constitucional del próximo mes concentran la atención y la tensión de todos los actores políticos. Pero pensar que la seguridad pública también es una materia que puede usarse como tema de campaña en el actual estado de las cosas es de una irresponsablilidad inexcusable. Este es el tiempo de pasar del diagnóstico a la acción que apunte a recuperar territorios y a infligir derrotas sensibles al narcotráfico y la delincuencia callejera.
Al cierre de esta columna, se discutía en el Senado el proyecto de ley Nain-Retamal, que se ha transformado en un punto de quiebre entre oposición y gobierno. La solución final que tenga el debate sobre las 122 indicaciones presentadas podrá dar una luz más clara de si en vez de legislar “en caliente”, se impone el sentido común y se encuentra un justo equilibrio entre el privilegio del uso de las armas y el resguardo de los DD.HH. La ciudadanía necesita recuperar sus espacios, su tranquilidad y la confianza en sus instituciones. Es el momento de concentrar todos los esfuerzos en golpear a esa amenaza interna que ha cambiado críticamente nuestras costumbres y nuestras vidas.
Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom
