El pasado “Encuentro” Nacional de la Empresa no distó mucho de lo que vienen siendo este tipo de espacios de la cúpula empresarial en los últimos años. “Contra inmobilis” (“contra el inmovilismo” en chileno) con foco en crecimiento y seguridad fue el marco elegido por Icare para provocar el “debate” sobre nuestro presente y futuro inmediato. Como en ningún otro hito del calendario anual (salvo quizás la parada militar, la cuenta pública del 1 de junio o algún funeral de Estado), además de empresarios y medios, concurrieron el presidente de la República y su gabinete en pleno para ratificar la centralidad de este ritual. Y como en otras ocasiones, a pesar de que inicialmente el hito definido para “encontrarse” parecía definirse desde una “contra identitatis”, desde el conflicto, finalmente los ánimos, tono y posibilidad de diálogo parecieron reestablecerse durante el evento. Una calma circunstancial porque las tensiones y desconfianza entre parte del empresariado y el gobierno son importantes. Quizás porque aún no se ha abordado con honestidad y espíritu desapasionado, la posibilidad de un formato y agenda que más allá de las evidentes diferencias entre ambos actores, invite a una reflexión más amplia respecto de su rol y responsabilidad en la sociedad.
Eso significa, por ejemplo, preguntarse si el inmovilismo, polarización y desconfianza actual radican en ciertas condiciones materiales de seguridad y crecimiento o más bien en componentes éticos, valóricos y formas de entender la actividad política y los negocios que generan cortocircuitos con buena parte de la ciudadanía y consumidores.
Porque pareciera que la creciente desconfianza hacia el Estado y las empresas/ marcas tiene ciertos factores comunes de larga incubación: la corrupción-abusos y la burocracia (Della Porta, 2000; Rothstein & Eek, 2009; Navot y Beeri, 2017; Gaddi, 2023).
El Estado (incluyendo a las policías e instituciones de justicia) es percibido ampliamente como una caja negra, pagador de favores, rehén de intereses y redes oscuras, con estructuras, procesos y mecanismos de rendición de cuentas poco transparentes. Pero también como un ente burocrático poco innovador y eficiente, sin inteligencia, que llega mal y tarde a combatir grandes brechas sociales, incluyendo las redes, poder y dinámica de la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia (que involucra los abusos de cuello y corbata).
Desde el punto de vista de las empresas y las marcas, el problema es similar (estudio Chile 3D 2023 o mismo Termómetro Político y estudios de LLYC ratifican esta crisis de confianza en las empresas) y se explica en reiteradas prácticas corruptas en la relación con el Estado y la política, en el incumplimiento de normativas y estándares socioambientales mínimos, o en abusos y falta de seguridad frente a consumidores y stakeholders a lo largo de la cadena de valor. Pero también y al evaluar estudios como el de Foro Innovación o el historial de denuncias ante el Sernac, muchas empresas y grandes marcas son percibidas como poco innovadoras y burocráticas y les hacen un flaco favor a sus sectores, a un ecosistema innovador emergente, y al modelo que las cobija (al fomentar estructuras y estrategias que les impiden cumplir con su promesa de marca, o incluso definir procesos de pago y post venta peores que el Estado).
Si este diagnóstico es compartido, y las razones de la crisis de confianza y reputacional del Estado y empresas es común, entonces quizás sea hora de que los actores privados junto al Gobierno, academia y sociedad civil, desde foros nuevos o reconvertidos como el mismo Enade, puedan congregar y congregarse en breve en un formato más contenido, reflexivo y menos mediático, para abordar una agenda política, legislativa y autorregulatoria que aborde estas dos dimensiones de la desconfianza, entregue los cimientos definitivos para reducir el inmovilismo (no sólo en materia económica o de seguridad), y prevenga un escenario de quiebre social como el 2019. Y más importante, nos devuelva la confianza y la posibilidad de un futuro común.
Por Juan Cristóbal Portales, Director General LLYC Chile.
