La prometida revolución en la burocracia federal del Estados Unidos de Trump comenzó con un simple correo electrónico que llevaba por título “¿Qué hiciste la semana pasada?”. Ahí se solicitó a todos los empleados públicos responder en cinco líneas qué fue lo que lograron hacer en ese espacio de tiempo, copiando al jefe directo en su respuesta, la cual debía, además, ser enviada a más tardar el lunes siguiente antes de 11:59. La iniciativa liderada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que encabeza Elon Musk, fue simple y provocadora; y no estuvo exenta de polémica puesto que el mismo Musk anunció públicamente a través de su plataforma X que para quienes no respondieran el correo, se asumiría su renuncia.
En la Argentina de Milei, la misma revolución llegó de la mano de una motosierra que promete destruir el Estado desde dentro.
¿Por qué algo tan simple y deseable, como eliminar ineficiencias en la burocracia estatal, siempre se posterga y termina llegando de la mano de ruptura, provocación y medidas extremas de incierto resultado?
Esta pregunta es muy pertinente para el Chile de hoy, cuyo Estado también está en una crisis de proporciones que es sentida por la ciudadanía. Y adquiere más relevancia cuando estamos ad portas de iniciar un ciclo de campañas electorales donde no hay duda que estarán presentes las versiones chilenas de Milei o Trump, con propuestas rupturistas para dinamitar la burocracia estatal. Lo que no parece tan claro es si competirá un planteamiento reformista innovador y ambicioso de la administración pública.
Desde los sectores políticos con más opciones de gobernar -con encuestas, focus group y análisis de expertos electorales en mano- se dirá una vez más que sólo habrá espacio para plantear medidas eficaces (¿o efectistas?) de corto plazo para mejorar la eficiencia del Estado, pero no para reformas institucionales o regulatorias de largo plazo como es la del régimen de empleo público. Como si la incapacidad de más de una década en revertir el camino de deterioro de la eficacia y sostenibilidad fiscal de la gestión pública, nada tuviera que ver con fallas institucionales como son el rígido y obsoleto estatuto administrativo.
¿Acaso es sólo falta de liderazgo o voluntad la razón por la que no se cierran programas públicos mal evaluados o no se desvinculan funcionarios públicos que persistentemente tienen un mal desempeño o cuyas funciones se encuentran duplicadas o dejaron de ser necesarias? ¿O son las rigideces en el estatuto administrativo o los erróneos incentivos formales e informales de los funcionarios públicos que lo impiden o desincentivan?
Le cabe entonces a la sociedad civil, la academia y a las organizaciones empresariales mantener activa en el debate público la necesidad de implementar una reforma profunda y ambiciosa al Estatuto Administrativo. Y para que esta reforma se conecte con la ciudadanía, será necesario mostrarle la falta de incentivos de los funcionarios públicos a desarrollar sus tareas de manera efectiva y eficiente; la ausencia de una evaluación de desempeño real; la complicidad de los gobiernos con el statu quo para tener aguas calmas en la administración pública; y el interés de parlamentarios de tener “cupos” en los servicios regionales. Habrá también que cuestionarse las (sin)razones que tienen asociaciones de funcionarios para proteger a funcionarios de mal desempeño, en vez de promover a los de buen desempeño y así contribuir a un mejor servicio público.
Es de esperar entonces, que en este ciclo electoral que se inicia, tenga protagonismo un reformismo innovador y audaz que instale una hoja de ruta de reformas ambiciosas como la que se requiere al Estatuto Administrativo. Una que asuma los costos de enfrentar a los detractores, para materializar los beneficios a los ciudadanos. En ausencia de planteamientos como este, no debiera extrañar que sigan subiendo o incluso ganen las propuestas rupturistas de lado y lado. Frente a la timidez de los reformistas, a la ciudadanía no le quedará otra que apoyar la fuerza de los rupturistas.
Por Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes
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