En los últimos días conocimos que el temor a la delincuencia ha llegado a su clímax histórico entre la población; que las primas de seguros automotrices subirán 50% en 2023 debido al aumento de los robos; que Santiago Centro cae en un pozo sin fondo de criminalidad, amenazas, cocinerías, carpas y suciedad; que las listas de espera para atención de patologías no Covid han crecido 43% en un año; que la deserción, la falta de aprendizaje y la violencia se enseñorean en escuelas y liceos. Todo esto, sin contar los problemas en la Macrozona Sur, el influjo migratorio, el alza del IPC y la ralentización de la economía.
En circunstancias normales, tal aluvión de emergencias movilizaría a autoridades de todo color y rango. Se tomarían medidas urgentes, se exigirían responsabilidades, se convocaría a ministros a dar cuenta al Congreso...
Sin embargo, vemos a nuestra clase política enfrascada en una negociación que pierde y pierde urgencia para la gente común, pero que es una droga para nuestros dirigentes, convertidos en adictos al tema constitucional.
Ponen cara seria e insisten que esto es muy necesario. Que sin una “casa de todos” legitimada al modo que ellos proponen, Chile no cerrará las heridas y vivirá en continuo riesgo de un nuevo estallido. Así planteada, su posición hasta parece patriótica, bañada con la visión de futuro que se les exige a los estadistas. Pero no nos engañemos. Detrás está el cálculo de un gobierno empedernido y de una clase política atemorizada, desconectada, ombliguista y sin liderazgo, incapaz de conectar con el país real.
Lo que los adictos al tema constitucional no logran apreciar es que el verdadero peligro reside en la persistencia de un Estado inútil manejado por una élite que no consigue dedicarse a resolver problemas cruciales y se distrae sin remedio en un tema que preocupa a los residentes de la torre de marfil, pero que carece de tracción en el mundo concreto. Es un acto de voluntarismo legal y político creer que la discusión constitucional solucionará nuestros padecimientos. Lo que sí puede hacer es prolongarlos en medio de la incertidumbre.
Una dosis necesaria de prudencia democrática hace aconsejable darle al tema constitucional su justa dimensión, no sobrevender expectativas y, en paralelo, acelerar propuestas que apunten a encarar asuntos que no pueden seguir esperando.
En 2019, el país estalló precisamente porque estos no fueron atendidos. La respuesta de la fronda fue entregar la Constitución para salvar su pellejo. Ese proyecto terminó de fracasar rotundamente el 4 de septiembre. A despecho de realidades más urgentes, nuestra clase política insiste en insuflarle vida a un proceso moribundo. Solo un loco, decía Einstein, cree que puede cambiar las cosas haciendo lo mismo. Pues bien, ahí vamos otra vez.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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