Décadas de desidia explican la lamentable situación de la criminalidad en Chile. Según un informe realizado por Paz Ciudadana el año pasado, 61,5% de la población declara haber sido testigo de la actividad del crimen organizado (narcofunerales, balaceras, ajustes de cuentas, secuestros y otros). En 2012, la tasa nacional de homicidios era de 2,8 casos por 100 mil habitantes; el año pasado, alcanzó a 4,7 por 100 mil habitantes. Según Carabineros, en 2022 hubo 43% más homicidios que en 2021 (la PDI señala que el alza fue de 32%). Otros delitos graves, como la violación y la tenencia y porte ilegal de armas, también registran aumentos relevantes.
La Copia Feliz del Edén se ha convertido en un infierno de inseguridad para demasiados chilenos. Pese a que por años el alza de la delincuencia ha sido prioridad absoluta entre las preocupaciones de la ciudadanía, las autoridades han sido mejores prometiendo que actuando. Para ellas parecen valer más las palabras que los hechos.
El Presidente Gabriel Boric es el último de una larga lista. Prometió que combatirá el terrorismo, será “un perro contra la delincuencia”, no dará espacio al crimen organizado, que se levanta y acuesta pensando en la seguridad. Al escucharlo, uno diría que en Chile se libra una guerra sin cuartel contra el crimen. Pero la realidad muestra que entre el lunes y el martes de esta semana se registraron ocho homicidios en Santiago, todos aparentemente asociados a mafias. Que en algunos barrios peligrosos de la capital este año se ha triplicado el número de asesinatos. Que en Arica el Tren de Aragua enterró vivas bajo concreto a dos personas y mató a otras dos. Que en el sur grupos mapuches queman escuelas.
Los datos de este año no son halagüeños. Los delitos de mayor connotación social subieron 14% en el primer trimestre del año respecto de idéntico período de 2022. Según la Cámara Nacional del Comercio, en ese mismo plazo los delitos contra el pequeño y mediano comercio subieron 158,9%, contra las grandes tiendas, 56,3%, y contra los supermercados, 24,3%. El robo a la salida de los bancos a personas “marcadas” tras haber retirado montos elevados creció 79% en un año.
En momentos en que se anuncia un nuevo rol para el Estado en tantos ámbitos, la enervante lentitud de éste para hacerse cargo de un asunto urgente cansa y desespera. La ministra del Interior ha señalado que el problema es antiguo y que antes las cosas no se hicieron bien ni a tiempo. Es verdad, pero ahora no parecen haber mejorado mucho: según Libertad y Desarrollo, el gobierno actual apenas ejecutó un 31% de la inversión policial comprometida en 2022. Si no se ponen pronto los hechos por delante de las palabras, muchos más seguirán muriendo o viviendo con miedo.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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