Hace unos años, el presidente de un influyente partido político le decía a un amigo que quería que el gobierno le entregara el control de Corfo. No porque estuviera interesado en la innovación o el fomento al emprendimiento. La razón era más pedestre: “Corfo está lleno de peguitas que pagan bien, donde puedo poner a mi gente”. La brutal honestidad del dirigente refleja una realidad tan grande como una catedral: para demasiados políticos, el Estado es un botín.
Es una tradición inveterada de nuestra administración pública que, independiente de quién esté en el poder, los distintos partidos se cuoteen las diferentes reparticiones estatales. La repartija de agencias y servicios les permite a los grandes barones ubicar a sus seguidores en posiciones clave, lo que acrecienta su influencia y liderazgo. Mientras más empleados pueda “enchufar” un político en el aparato público, más poder tendrá, porque mayor será el número de gente a la cual le ha comprado su lealtad con el dinero de todos.
No resulta extraño entonces que la diputada Karol Cariola solicitara a la alcaldesa Irací Hassler la contratación en la Municipalidad de Santiago de uno de sus asesores. De hecho, según un reportaje de El Líbero, de los 32 asesores parlamentarios que ha tenido Cariola durante sus ocho años en la Cámara, 27 han encontrado trabajo en el Estado desde 2022, preferentemente en municipios liderados por alcaldes comunistas o pro PC (Santiago, Lo Espejo, Recoleta y Pudahuel), reparticiones públicas controladas por militantes comunistas (como la Secretaría General de Gobierno) o el mismo Congreso.
Con mucha mayor claridad que las adhesiones programáticas o ideológicas, este fenómeno ayuda a entender por qué son tan importantes las elecciones para los partidos políticos: el control de la administración del Estado entrega un sinnúmero de posiciones laborales para repartir a lo largo y ancho de la burocracia.
La tentación es aún mayor si se considera la discrecionalidad que existe para fijar sueldos de personal a honorarios y a contrata. No es raro encontrar funcionarios contratados bajo estos regímenes cuyas remuneraciones superan con creces lo que les pagarían en el sector privado. El botín estatal no solo es ancho; también es profundo.
Esta no es otra cosa que una forma soft de corrupción, una dimensión más de la crisis moral que afecta a la actividad política. Porque los sueldos artificialmente inflados y los contratos sin criterios de eficiencia o necesidad giran a cuenta del Fisco, considerado un barril sin fondo al que se le pueden dar manotazos de forma impune. Aunque el saqueo se produce a vista de todos, nadie tiene incentivos para acabar con él: los políticos saben que, al final, les tocará su turno. Así, no debe sorprender que una verdadera reforma al Estado no figure en la agenda.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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