La ministra Carolina Tohá ha advertido que, si se confirma que el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello ordenó el crimen de Ronald Ojeda en Santiago el año pasado, entonces Chile recurrirá a la Corte Penal Internacional para denunciarlo.
Cabello debe estar con ataque de risa.
Varios jerarcas venezolanos ya enfrentan acusaciones de ese estilo y no han sufrido consecuencia alguna. El fiscal de dicha Corte, Karim Khan, ha tramitado con tal lentitud las denuncias, que el jurista chileno Claudio Grossman renunció a su posición como asesor especial de Khan en protesta por la demora para actuar en contra del régimen chavista. Otros juristas han hecho ver lo mismo. Incluso, en septiembre pasado 31 expresidentes iberoamericanos solicitaron a Khan la “captura inmediata” de Nicolás Maduro, Cabello y otros líderes chavistas. Nada ha ocurrido. Si hay un lugar donde Cabello y sus secuaces no se sienten amenazados, ese es la Corte Penal Internacional.
Por eso, raya en la ridiculez que el gobierno chileno amenace con recurrir a la CPI para eventualmente “castigar” a Cabello. No sorprende esta respuesta anémica, más efectista que efectiva, porque es consistente con la actitud que han exhibido siempre nuestras autoridades ante el asesinato de Ojeda.
¿Es necesario recordar al gobierno la gravedad de lo ocurrido? Al ordenar el homicidio, el gobierno venezolano cruzó una línea que va más allá de lo opinable: violó la soberanía nacional, secuestró, asesinó e intentó hacer desaparecer a un refugiado político, y ocupó para ello a sicarios de un grupo mafioso transnacional. Inadmisible desde donde se lo mire. Y una burla al Estado de Chile, cualquiera sea el color del gobierno de turno.
Considerando que la defensa de la soberanía es una de sus responsabilidades ineludibles, las autoridades chilenas deben responder con vigor y buscar todos los mecanismos para castigar la transgresión venezolana. Chile no puede dejarse avasallar por un Estado extranjero, menos aún con la liviandad que ha mostrado en este caso el gobierno.
La ministra Tohá ha sostenido que la investigación se encuentra en desarrollo y que habrá que esperar a que concluya para tomar decisiones definitivas respecto de Venezuela. Sus palabras parecen una mala excusa para no hacer nada y dejar que corra el tiempo. Una opción, por ejemplo, es invocar la legislación antiterrorista contra las personas acusadas por el crimen de Ojeda o aprovechar el hecho de que Estados Unidos declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista para cooperar con ese país en la persecución del crimen y de sus autores materiales e intelectuales.
El objetivo debe ser tomar acciones que puedan tener consecuencias serias contra Cabello y sus secuaces, no solamente formular declaraciones, que es a lo que nos tiene acostumbrados nuestro gobierno en lo que se relaciona con Venezuela.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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