No hay democracia sana sin respeto a la ley. Como la nuestra está enferma hace rato, la ley pierde fuerza y se ve burlada por quienes deberían dar ejemplo de cumplimiento. El ejemplo más claro fueron los proyectos de retiro de fondos de pensiones auspiciados por parlamentarios, disfrazados de “reformas constitucionales ad hoc”. En su aprobación participaron legisladores de todos los colores, incluyendo, por supuesto, los que hoy ocupan el gobierno y descubren, como ha admitido Gabriel Boric, que “otra cosa es con guitarra”.
Aunque para algunos la confesión musical del Mandatario supone una sincera revisión del ideario que sustentó desde las protestas de 2011, sería ingenuo creer que un par de declaraciones resultan suficientes para borrar con el codo lo escrito con letra firme durante más de una década. No basta con declarar bien; para convencer es necesario acompañar las palabras con hechos. A un Presidente que asegura consultar la Biblia, quizás sea oportuno recordarle una cita evangélica: “Por sus frutos los conoceréis”.
Una prueba de fuego en este sentido es el tratamiento que el Ejecutivo le entregue a la llamada Macrozona Sur. El jefe de Estado visitó La Araucanía, se reunió con autoridades, víctimas de la violencia, indígenas, propuso la creación de una “comisión para la paz y el entendimiento” que entregará sus resultados en 2025, y calificó los ataques en el lugar como “terrorismo”. Sin embargo, no solo no entregó claridad alguna sobre lo que pretende hacer aquí y ahora para combatirlos, sino que señaló que no utilizará la ley antiterrorista para enfrentar a los grupos armados que campean impunes en el sur.
El Presidente está en su derecho de tener una opinión crítica sobre la Ley Antiterrorista. Posee facultades legales amplias: enviar un proyecto que la reforme y forzar su discusión inmediata. Sin embargo, no lo ha hecho. Ha preferido identificar una o más conductas de los rebeldes como terroristas, pero afirmar que no buscará aplicar la ley que las tipifica y que lo obliga a él en tanto autoridad. Pretende así, una vez más, quedar bien con Dios y con el diablo.
Una polémica similar tiene lugar respecto de la Ley Aula Segura: la ministra del Interior respaldó a la alcaldesa de Santiago, quien ha afirmado que la violencia escolar es un tema muy serio, pero que prefiere no aplicar esa ley para sancionar la severa indisciplina de algunos estudiantes.
La paradoja es notoria: el gobierno y la coalición que venían a renovarlo todo y a romper con las viejas prácticas han hecho retroceder el calendario varios siglos y reimpuesto el “se acata, pero no se cumple” que distinguió a esta Capitanía General durante la colonia española. Un logro impensado para refundadores que, al parecer, declaran mejor que lo que actúan.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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