Por Juan Ignacio Brito, profesor de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos, Universidad de Los Andes
El episodio “gabinete Irina Karamanos” ofreció la posibilidad de echar un vistazo a una antigua práctica muy extendida a lo largo de distintos gobiernos: el salario excesivo -fuera de toda referencia de mercado- que perciben los asesores a contrata y a honorarios en el Ejecutivo. Los casi 20 millones de pesos que, en conjunto, se reparten los seis asesores de la ahora directora de Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República incluyen sueldos de más de tres millones de pesos para profesionales que en algunos casos están lejos de cumplir 30 años.
Esta es una práctica que se reitera de administración en administración: el gobierno “levanta” desde el sector privado profesionales a menudo jóvenes y laboralmente inexpertos, duplicando o incluso triplicando sus sueldos. Son, literalmente, ofertas irresistibles.
Durante la campaña, Gabriel Boric se comprometió a dar “una señal de austeridad” para “hacer justicia en torno a la tremenda inequidad salarial”. Anunció que las autoridades de su gobierno no ganarían más de diez veces el sueldo mínimo. No ha sido así: numerosos asesores y funcionarios contratados a partir de marzo reciben una remuneración que más que decuplica los $380 mil del actual sueldo mínimo. No pocos perciben cerca de seis millones mensuales (casi 16 veces el sueldo mínimo).
La enorme diferencia entre lo que estas personas recibían en el sector privado y lo que ganan en el estatal no obedece a una mágica transformación causada por el paso hacia el ámbito público. Lo que presenciamos es un abuso a costa de ciudadanos y empresas que cubren el sobreprecio a través de sus impuestos. Ahora que se propone recaudar más tributos, a nadie se le ocurre enviar “una señal de austeridad” pagando sueldos racionales.
Resulta fácil adivinar la razón más probable para explicar por qué no genera escándalo el altísimo nivel de muchas de las remuneraciones a honorarios y a contrata: todos lo hacen, así que nadie lo denuncia. De derecha, centro e izquierda, distintas administraciones son culpables de inflar los sueldos para atraer profesionales cuyos servicios no valían en el mundo privado ni remotamente lo que perciben en el sector público.
Como justificación, se afirma que es necesario pagar una suerte de prima por el riesgo que significa enfrentar un empleo muy expuesto y que tiene como tope una duración de cuatro años, pues son cargos de confianza política. Pero no parecen excusas atendibles: según la Superintendencia de Pensiones (2017), los chilenos permanecen en promedio 2,6 años en sus trabajos, lo cual significa que un horizonte de cuatro años es un privilegio, no un peligro, para estos profesionales. Respecto del riesgo, baste recordar aquella frase tan repetida, pero tan poco practicada: “Al gobierno se llega a servir, no a servirse”.
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