La Corte Suprema ha entregado la quina de candidatos para reemplazar a Jorge Abbott en el cargo de fiscal nacional. Ahora el Presidente de la República deberá seleccionar uno de ellos para que enfrente la ratificación por dos tercios del Senado. Se trata de una designación clave para definir qué tipo de lucha está dispuesto a dar el Estado contra una criminalidad emergente que tiene preocupada a la población.
La lucha contra la delincuencia es quizás el mayor fracaso actual del Estado chileno. Por décadas, la ciudadanía ha expresado que el delito es su mayor inquietud. Alcaldes, parlamentarios y presidentes han prometido de todo, pero tienen pocos resultados que mostrar. Las policías lucen ineptas a ratos y atadas de manos la mayoría del tiempo.
La situación empeora. El país presenció el martes una señal ominosa de cómo han involucionado las cosas: seis asesinatos en un solo día. Nuestras autoridades parecen decididas a enfrentar las balas de los delincuentes con palabrería insulsa: en 2009, Ciper reveló que en Santiago había 80 “zonas ocupadas” por el narco, donde la población vivía al margen de la acción policial y casi sin presencia del Estado. En 2020, en una nueva investigación, Ciper descubrió que la cifra se había más que duplicado, llegando a 174. ¿Cuántas serán ahora?
El Ministerio Público ocupa un lugar principalísimo en el combate contra el crimen. Sin embargo, durante la administración de Jorge Abbott perdió impulso, se mostró politizado, estuvo plagado de conflictos internos y personalismos de fiscales ambiciosos; fue escasamente eficiente. Pocos extrañarán su gestión letárgica y desdichada.
El gobierno y el Senado tienen ahora una oportunidad para empezar a revertir la situación. El Presidente de la República ha dicho que su gobierno será un “perro” en la lucha contra la delincuencia. La designación que haga debe ratificar en los hechos esa vocación. El criterio rector que usen el mandatario y el Senado debe ser que quien resulte escogido priorice la lucha contra el crimen y persiga con dedicación canina a quienes amedrentan, ocupan ilegalmente, roban, asaltan y matan con impunidad, bloquean caminos y calles, amenazan desde barras bravas y tienen atemorizada a la población. Deberá prestar especial atención al trabajo que se realiza en La Araucanía, reforzándolo y enfrentando a los grupos violentistas y las mafias que allí operan. Tendrá que detener la penetración de las bandas de narcos.
En definitiva, deberá ser un “perro” para hacer que la ley y la autoridad legítima vuelvan a ser respetadas. Hay mucho en juego: la seguridad ciudadana, por supuesto, pero también la credibilidad de un Estado que se ha mostrado crónicamente incapaz de garantizar el derecho a vivir en paz.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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