Por años, Venezuela ha sido debatido en Chile como un problema ideológico y de política interna. Con característica ceguera, nuestra élite se pierde en los árboles y no es capaz de distinguir el bosque. Cada sector aborda la “cuestión venezolana” persiguiendo su propia ventaja partidista y la desventaja del otro. Eso mismo es lo que está ocurriendo ahora con el caso del secuestro del disidente venezolano Ronald Ojeda: la oposición aprovecha para golpear al gobierno en su punto débil (la seguridad), mientras el oficialismo trata de minimizar un asunto que lo perjudica y expone sus divisiones internas. A nuestra ombliguista clase política le importa más Chilezuela que Venezuela.
Sería más conveniente abandonar ese debate estéril que solo produce humo y enfocar el problema venezolano como aquello que ha llegado a ser: un asunto de seguridad regional. La ausencia de una respuesta clara ante el plagio de Ojeda es un papelón de proporciones del aparato de inteligencia (ANI, policías y Fuerzas Armadas), ignorante de lo que ocurre en nuestro territorio y de las amenazas que acechan desde el exterior.
El problema venezolano se arrastra desde hace tiempo. Ha habido financiamiento irregular de partidos políticos y candidatos presidenciales desde Venezuela; hasta el día de hoy no se conoce bien qué rol jugó una eventual infiltración chavista en el estallido de 2019 y otros similares ocurridos en diversos países; el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido una actitud ambigua en lo que se refiere a la exportación de las mafias de su país hacia el resto de Sudamérica; la masiva migración venezolana ha generado inestabilidad social en la región.
Venezuela se ha convertido en un agente de caos para sus vecinos, Chile entre ellos. Es necesario dejar de lado el debate inconducente que no provoca acción concreta alguna y concentrarse en la defensa de la seguridad nacional ante un peligro claro y presente.
Lo primero es entregar una explicación coherente sobre lo que ocurrió con Ojeda. De poco sirve seguir amparándose en una investigación secreta para no proporcionar los antecedentes básicos y actuar en consecuencia. Luego, es urgente exigir a la ANI y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas que hagan el trabajo para el cual existen, porque el caso de Ojeda ha desnudado una distracción inexcusable. Al mismo tiempo, las autoridades políticas deben acelerar la discusión del proyecto de ley que robustece el sistema de inteligencia, en debate parlamentario desde 2018. Por último, hay que coordinarse con los países que también padecen los efectos de la crisis venezolana y la impunidad de su régimen para que, juntos, se haga comprender a Caracas que su conducta está afectando la seguridad de sus vecinos y que su actitud tendrá costos palpables.
Por Juan Ignacio Brito, periodista
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