Se nos va 2022. Para la industria minera del país, este año pasará a la historia como uno lleno de incertidumbres, pero con pocos cambios en la práctica.
El inicio fue la discusión de “cierre” del proyecto de ley de royalty presentado por un grupo de diputados en 2021, que finalmente no prosperó. A mediados de este año, el Ejecutivo ingresó un proyecto de reforma tributaria en el que, a través de indicaciones, se planteaba nuevamente un royalty a la minería.
Por lo que hemos conocido, este proyecto es motivo de una curiosa y perjudicial paradoja: si bien el gobierno logra el objetivo de aumentar la recaudación fiscal en el equivalente a un 0,3% del PIB entre 2023-2035 (de acuerdo con estimaciones de GEM Mining Consulting junto con académicos de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile), los menores encadenamientos productivos y empleos en el sector como efectos colaterales de esta iniciativa de Hacienda terminarán por reducir el PIB del país en un 2% anual. Es decir, sumando y restando, el efecto del nuevo royalty sería negativo.
Estos números son los que deben importar para el diseño de buenas políticas públicas, y no aquellas discusiones sobre si nuestra tasa efectiva de impuestos para la minería privada es más alta, igual o menor que la de Perú, Australia o cualquier otro país del mundo.
El actual proyecto propone -en la práctica- expropiar parte de las riquezas generadas por la minería privada, con objeto de satisfacer a un sector político que ve al Estado y la empresa privada como antagonistas de un juego de suma cero. Para este sector, la riqueza generada por la empresa minera privada es dinero que en definitiva no llega a las arcas fiscales y que, por tanto, el país “pierde”. Lo anterior desconoce el escenario contrafactual en el que los privados no producen y, por tanto la riqueza, junto con el respectivo pago de impuestos, empleo y encadenamiento productivo, no se genera.
En un periodo marcado por un primer semestre extraordinario en términos del precio del cobre, y absolutamente histórico para el precio del litio, las utilidades sobrenormales de las empresas mineras privadas han servido justamente para alimentar el mito de que el país está “regalando” sus recursos minerales.
Aunque se esperaba resolver el royalty antes de que cerrara este año, lo cierto es que el proyecto se encamina a un destino incierto, similar al de la iniciativa parlamentaria anterior. Con apenas un mes por delante (en febrero el Congreso no sesiona), el riesgo de que el proyecto de royalty se le escape una vez más al Congreso no es del todo descartable.
Y ahora, ¿qué esperar para 2023?
Lo mejor que le podría pasar al país es que se refuerce su institucionalidad y busquemos entre todos los mecanismos razonables para que la industria minera privada continúe generando la riqueza que nuestro país necesita.
Para terminar y solo como referencia: si se mantuviera la estructura tributaria vigente, se espera que la minería privada del cobre contribuya a la recaudación fiscal con alrededor de 150.000 millones de dólares en el periodo 2023-2050.
Finalmente, hay espacio para que la industria minera privada realice una mayor contribución en las próximas décadas, pero para esto requerimos fortalecer la alianza público-privada que el país necesita.
Por Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM, académico UC y U. de Chile
