Durante 18 sesiones realizadas entre agosto y noviembre del año 2022 y con el fin de proyectar mejoras en las condiciones que permiten el ejercicio de la libertad de expresión, académicos/as de tres universidades públicas —de La Serena (ULS), de la Frontera y de Chile— sostuvieron discusiones y entrevistas grupales presenciales y online, en tres regiones del país.
Esta iniciativa, fruto de un convenio entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y estas tres instituciones, se materializó en un informe independiente, riguroso y metodológico que tuvo como participantes a connotados premios nacionales de Periodismo como Mónica González, María Olivia Monckeberg, Abraham Santibáñez, Ascanio Cavallo y Faride Zeran; a representantes del mundo público y privado; a dirigentes del Colegio de Periodistas de Chile; a trabajadores/as de medios independientes, comunitarios, digitales y regionales; a representantes de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Chile, de la Red de Periodistas Feministas, de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, del Consejo Nacional de Televisión, de Televisión Nacional, de la Asociación Chilena de Municipalidades, de CONADECUS, del Observatorio de Género y Equidad, de la Unesco, de la Fundación Datos Protegidos, entre otras asociaciones. Ellos y ellas, además de académicos/as de diversas universidades y una gran cantidad de representantes de diversas organizaciones sociales que están debidamente identificados en el informe, contribuyeron con sus experiencias y conocimientos al documento.
Como pueden ver, muchas voces. El título del informe no es para nada un eslogan o una casualidad.
Estas entrevistas y discusiones fueron sistematizadas, y por cada tema analizado se presentaron recomendaciones, todas muy relevantes e interesantes no sólo para quienes trabajan en medios de comunicación, comunitarios o plataformas, sino que también para el resto de la sociedad, quienes leemos, vemos, escuchamos y consumimos noticias. En esta columna me referiré a algunas de las recomendaciones.
En el tema “Paridad de género” se recomendó desarrollar protocolos que rijan a los medios de comunicación que permitan prevenir, enfrentar y erradicar las situaciones de violencia de género que afecten a periodistas en el ejercicio de sus funciones, tanto en el espacio externo como en el mismo medio. También, el informe sugiere promover la paridad de género en directorios de medios de comunicación, como ya sucede en muchas empresas, y la necesidad de un proyecto de ley que establezca la tipificación de los discursos de odio muchas veces difundidos en el discurso público. Un avance acorde a los tiempos y que nos permitirá abordar la inequidad de género desde una perspectiva necesaria.
Sobre “Derechos y acceso a la información” se sugirió crear políticas públicas de apoyo a los medios de comunicación locales y regionales, y fomentar medios de comunicación con responsabilidad pública. En democracia, es imperativo garantizar el derecho al libre acceso a información de calidad, sin vulnerar la libertad de expresión. Si aumentan los medios de comunicación, y estos son más diversos, inclusivos y plurales, más personas podrán sentir representadas sus voces. Nuevamente, más democracia.
En el ítem “Medios públicos” hay una frase que permite desmitificar opiniones que han mirado con recelo este trabajo. “En el caso de existir medios públicos con financiamiento estatal, se requiere de una normativa actualizada para evitar la dependencia del gobierno”, es decir, que estas normas y reglamentos no dependan del gobierno de turno, sino que sean estables en el tiempo. Además, en el caso del canal público, se recomienda ampliar el directorio de TVN que “asegure saber temático” y revisar su modelo de financiamiento, el que también ha sido parte de la discusión a lo largo de todo el arco político.
Un tema vital para las y los periodistas es la seguridad que requieren para desempeñar su trabajo en terreno y coberturas, y no arriesgarse a sufrir agresiones de manifestantes o detenciones policiales. Para esto hay varias sugerencias, entre ellas la construcción de un protocolo que se redacte en un trabajo conjunto entre periodistas y Carabineros, y que asegure una relación de respeto y colaboración entre ambos sectores. Necesario.
Hemos visto en numerosas ocasiones como periodistas o trabajadores/as audiovisuales han sido injustamente detenidos/as o agredidos/as solo por estar cumpliendo su labor. Con respecto a los medios comunitarios, donde muchas personas que laboran ahí no tienen el título de periodistas, se considera la posibilidad de otorgar una credencial, que sea reconocida por el Estado, y que permita que desempeñen su labor con mayores grados de protección. También se sugiere que a las y los periodistas o reporteros/as que cubran manifestaciones sociales se les considere como “observadores de derechos humanos”. Temas que me constan, han sido inquietudes totalmente válidas de las personas que son parte de la cadena informativa.
Este informe no habla de censuras, y sí se hace cargo de problemáticas actuales y contingentes de la ciudadanía. Por ejemplo, recomienda crear un marco regulatorio que permita controlar la difusión de discursos de odio.
En la pandemia, conocimos muchas historias de personas que debían acceder a clases o trabajos de manera online y no contaban con internet o su señal no era buena o estable. Para solucionar y/o prevenir esto, se recomendó crear una mesa de trabajo intersectorial con el fin de mejorar el acceso de las personas a la conectividad en todo Chile.
Una mayor cantidad de voces, debates y diálogos, es más democracia. Y es un deber del Estado profundizar la democracia a través de la ampliación del derecho y acceso a la información/comunicación. Valoro este informe que diagnostica y hace propuestas a los problemas que afectan a quienes trabajan y consumimos medios comunitarios, regionales, nacionales, digitales, de señal abierta, radiales, escritos y televisión. Un informe que ahuyenta fantasmas, temores y prejuicios infundados.
Una democracia sana abre discusiones, jamás las cierra.
Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática
