La OCDE acaba de publicar un informe con mejores prácticas para el otorgamiento de permisos, destacando que los gobiernos deben equilibrar la protección de los bienes públicos con el desarrollo económico, de forma que los permisos se utilicen sólo cuando los riesgos sean altos y no puedan gestionarse mediante otras opciones menos costosas, y que, de requerirlos, sea en forma efectiva y evitando procesos innecesarios, complejos y burocráticos.

Como lo consignó la Comisión Marfán y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) en múltiples estudios, nuestro sistema de permisos dista mucho de dichas recomendaciones. Cientos de miles de emprendedores lo sufren día a día. Los extensos plazos para tramitar los permisos, la incerteza en los criterios con que se otorgan y la creciente judicialización se han convertido en un cuello de botella estructural para la inversión y el crecimiento económico del país.

El gobierno está por aprobar el proyecto de ley de autorizaciones sectoriales, que tiene aspectos positivos, como incorporar técnicas alternativas (declaraciones juradas) que reemplacen ciertos permisos. Pero es insuficiente y deja sin abordar muchos de los problemas de la permisología que nos ahoga y que debe ser prioridad para la próxima administración.

Dentro de los problemas más apremiantes se encuentra la discrecionalidad en el actuar de los servicios públicos. Hace algunos días hizo noticia que, en el contexto de la evaluación ambiental del futuro hospital del Instituto Nacional del Cáncer en la comuna de Independencia, la seremi de Medio Ambiente pidió que se propongan áreas de refugio para insectos y arácnidos. Lamentablemente no es un caso aislado, como tampoco lo fueron las 1.391 observaciones que recibió el EIA de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que ayudará a evitar nuevos black out totales como el de febrero.

Es común que los servicios realicen observaciones poco relevantes o arbitrarias y que se pronuncien sobre aspectos fuera del ámbito de sus competencias. Asimismo, cada día aumentan los requerimientos de información, incluyendo campañas y estudios complementarios.

El resultado de esta discrecionalidad es que la tramitación de los permisos se ha vuelto más incierta, costosa y lenta. Las suspensiones de las solicitudes de los EIA, necesarias para que los titulares resuelvan las observaciones y requerimientos de los servicios, han alcanzado la inverosímil cifra de 2,7 años en promedio (CEP 2024).

Si la discrecionalidad continúa, Chile seguirá condenado a crecer al 2%. Necesitamos un marco normativo que tenga reglas conocidas y simples, que promueva una tramitación expedita, racional y cierta de los permisos, que asegure la razonabilidad (costo/beneficio) y sustento técnico de los requerimientos de información, y que establezca consecuencias y sanciones cuando los funcionarios no sigan dichas reglas. Lograrlo requiere un conjunto de acciones, pero sobre todo mucha voluntad política, la cual pareciera que el actual gobierno carece.

Por Juan José Bouchon, colaborador asociado Horizontal