Estamos iniciando marzo y con ello, retomando el trabajo parlamentario, con la discusión de una Ley de Incendios, que necesitamos sea verdaderamente efectiva para hacer frente a esta amenaza. El proyecto presentado por el Ejecutivo resulta insuficiente para hacer frente a esta importante demanda social, castigando al afectado y dejando impune a quién los origina.
Así, si la ley tal cual como fue presentada al Congreso hubiese estado promulgada, la tragedia en la región de Valparaíso, que costó la vida de 133 compatriotas y que aún debe establecer responsabilidades tras el origen y manejo de la emergencia, no se habría evitado. Para ello es clave que la regulación contenga cuatro dimensiones fundamentales: Prevención, Combate, Investigación y Recuperación. Estos elementos son criterios comunes, que contienen las legislaciones de países como los de la Unión Europea.
Los hechos son una evidencia contundente. Si bien es complejo hacer un balance, la realidad es que hacia el sur ha habido un 30% menos de incendios y un 70% menos de superficie afectada, en comparación con los últimos cinco años. Entonces, si las condiciones climáticas siguen siendo extremas y los altos niveles de intencionalidad el principal factor de inicio de incendios, es justo preguntarse ¿qué es lo que ha hecho la diferencia en esas regiones?
Como sector forestal, en estos años hemos aprendido la importancia fundamental de la prevención, la coordinación público-privada, el valor de una comunidad organizada, el uso de nuevas tecnologías para la detección temprana y el combate, y la recuperación, poniendo de pie las comunidades afectadas y reponiendo su capacidad productiva.
No pueden quedar ausentes de esta iniciativa estos cuatro pilares. La prevención en su dimensión comunitaria, con liderazgo local, inhibiendo a los causantes de los incendios a través del despliegue climático preventivo. En materia de combate, fortalecer el combate nocturno, tanto terrestre como aéreo, brigadistas como un recurso profesional y no un oficio de temporada y sin duda, tan importante como eso, incorporar a Bomberos al combate de incendios forestales mediante protocolos de actuación conjunta. La investigación, como un recurso fundamental hasta hoy ausente, entregando a las autoridades, especialmente a las policías y fiscalías, las herramientas necesarias para perseguir la intencionalidad y la negligencia, terminando con la impunidad que se perpetúa en este tipo de delitos; y finalmente, la recuperación, destinando recursos para la reconstrucción de los territorios afectados, con el fin de restaurar el tejido social, la capacidad productiva y la naturaleza, reponiendo el bosque quemado, sin la mirada confiscatoria que tiene el actual proyecto.
Tal como ha señalado el Presidente Boric, debemos asumir el desafío forestal como tarea de Estado, y en ese sentido es imperativo contar con una nueva ley de incendios que recoja los dolorosos aprendizajes vividos y contribuya a sentar las bases de un desarrollo armónico de nuestros bosques en su relación con las personas, sus viviendas y la naturaleza. Para ello hay que actuar de manera unida, ya que perseguimos los mismos objetivos, tanto el sector público como el privado, y así abrazar la esperanza de un mejor futuro.
Por Juan José Ugarte, presidente de Corma
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