Columna de Juan Pablo Ramaciotti: Migración irregular y delito, por qué conviene mantener la distinción
Durante los últimos días se comenzó a discutir en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios que tipifica como delito el ingreso irregular al país. En un contexto en que la migración por pasos no habilitados ha aumentado de manera sostenida durante los últimos años y en que la crisis de seguridad presenta aspectos vinculados a la presencia de bandas criminales extranjeras, a priori pareciera que esta medida va en la dirección correcta. Sin embargo, convertir el ingreso irregular en un delito es una medida que, a la luz de la experiencia en Chile y otros países, sería poco eficaz y dificultaría medidas orientadas a fortalecer la seguridad y el control migratorio, además de afectar la cohesión social.
Bajo la antigua ley migratoria, ingresar a Chile por pasos no habilitados era un delito. Expulsar a quienes ingresaban irregularmente al país era aún más difícil que hoy, pues los tribunales exigían que existiera una condena antes de que se ejecutara la expulsión. La actual ley de migración establece el ingreso irregular como una falta administrativa, cuya sanción puede ser determinada por la autoridad administrativa directamente, sin pasar por un procedimiento judicial. Tipificar el ingreso irregular como delito implica que la autoridad administrativa pierda la facultad de ordenar expulsiones administrativas por esta causal.
Por otra parte, convertir en delincuentes a todas las personas que ingresan por pasos no habilitados desdibuja la diferencia entre migración irregular y delincuencia propiamente tal. La evidencia en Europa y Estados Unidos respecto de la criminalización de la migración irregular muestra que no sólo se precariza aún más la vida de las personas en situación irregular, sino que también disminuyen sus relaciones con la institucionalidad pública por temor a ser detenidas y sancionadas. Si queremos empadronar a los extranjeros que ingresaron por pasos irregulares para saber quiénes son y dónde están, transmitirles que son todos delincuentes puede hacer aún más difícil localizarlos.
Junto con lo anterior, medidas como esta amenazan con afectar negativamente la cohesión social. La encuesta Bicentenario señala que un 71% de los encuestados considera que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes. Sin embargo, un 79% declara no haber tenido malas experiencias con personas migrantes. Es fundamental que las políticas del Estado contribuyan a disminuir estas brechas en la percepción de la ciudadanía en lugar de acrecentarlas.
El principal argumento a favor de tipificar el ingreso irregular es que esto desincentivaría a futuros migrantes a ingresar por esas vías. Sin embargo, la experiencia internacional indica que cuando se trata de desplazamientos forzados producto de conflictos armados o crisis humanitarias, las razones para migrar son más fuertes que los desincentivos que ponen los países receptores. Ante una crisis como la que se vive en Venezuela, que ha desplazado a 7,2 millones de personas a nivel global, es difícil que un cambio legislativo a nivel interno tenga mayor impacto para frenar los flujos migratorios.
Si bien ningún país ha encontrado soluciones suficientes para prevenir la migración irregular, sí hay medidas que pueden adoptarse para mejorar la situación. En el corto plazo, es fundamental que quienes vienen a reunirse con sus familiares y no tienen antecedentes penales puedan solicitar venir de manera regular. Es necesario tener canales regulares y expeditos, con filtros y requisitos, para que las personas que los cumplan puedan postular a visados desde el extranjero. De esa manera se puede reducir en gran medida el ingreso irregular y minimizar las oportunidades que esto genera para que bandas criminales ingresen al país prácticamente desapercibidas. En el mediano y largo plazo, es fundamental avanzar en la formación de una policía especializada en el control de fronteras, contar con una institucionalidad más eficiente en la gestión migratoria, tener una política nacional de migración que ordene estratégicamente la acción del Estado y concretar políticas regionales que aborden los desafíos de la migración de manera conjunta.
Por Juan Pablo Ramaciotti, Director Ejecutivo Centro de Políticas Migratorias.
