Columna de Juan Pablo Ramaciotti: Política de señales versus políticas efectivas
El proyecto de ley “misceláneo” que busca modificar la Ley de Migración y Extranjería en Chile, aborda aspectos clave para mejorar la gestión migratoria. Incluye avances como mecanismos de filiación para niños y adolescentes sin padres o tutores identificados, mayores sanciones a empresas que transporten extranjeros sin autorización, medidas para agilizar expulsiones, o la recolección de datos biométricos de extranjeros en situación irregular.
Sin embargo, ciertas modificaciones aprobadas en la Cámara van en una dirección errónea, pues pese a buscar dar señales fuertes, pueden generar mayor irregularidad migratoria, exclusión social y favorecer mercados ilegales. Por ejemplo, se propone que el acceso a salud y educación de extranjeros en situación irregular requiera enrolamiento en el Registro Nacional de Extranjeros, información que podría ser usada para aplicar sanciones migratorias. Esto podría disuadir a familias migrantes de usar servicios esenciales y ocultarse de las instituciones formales, lo que tendría consecuencias negativas para toda la sociedad chilena. Experiencias internacionales en países como Finlandia, Italia y Alemania han demostrado la importancia de establecer “cortafuegos” que separen servicios sociales del control migratorio para garantizar derechos básicos sin temor a sanciones. Esto no implica dejar de aplicar sanciones migratorias a quienes no cumplan los requisitos legales, pero sí separar los espacios en que se lleva a cabo la fiscalización y sanción.
En relación a niños, niñas y adolescentes, el proyecto establece que la situación migratoria no debería darles ventaja en el acceso a la educación, lo que es positivo dado que evita una discriminación arbitraria. Sin embargo, al mismo tiempo se permite priorizar a menores chilenos por sobre migrantes irregulares en casos de falta de cupos. Esto genera una discriminación arbitraria contra niños y niñas migrantes, quienes no son responsables de su situación irregular y además representan una inversión a largo plazo para Chile, pues lo más probable es que gran parte permanezca a futuro en el país. El Estado debería aumentar recursos educativos en zonas con problemas de matrícula, haciéndose cargo de resolver el problema en lugar de priorizar a unos niños sobre otros.
Por otra parte, se introducen como causales para rechazar o revocar permisos de residencia haber sido sancionado de manera reiterada por faltas del Código Penal (como amenazas, lesiones leves o riñas) o aquellas de competencia de los Juzgados de Policía Local (tales como infracciones a la ley de copropiedad, ordenanzas municipales o la ley de tránsito). Si bien es razonable esta sanción en el primer caso, revocar un permiso de residencia a quien ha sido sancionado por ruidos molestos o estacionar en un lugar no permitido parece desproporcionado. Además, lo más probable es que esto genere más irregularidad migratoria, pues es altamente improbable que las personas sancionadas opten por dejar el país y es muy difícil que sean expulsadas, dado el bajo número de expulsiones anuales que el Estado ha sido capaz de concretar históricamente.
Finalmente, hay prohibiciones y sanciones que buscan desincentivar la irregularidad migratoria, pero que pueden terminar incentivando el crecimiento de mercados informales e ilegales. Por ejemplo, se introduce una multa de 100 a 150 UTM a quienes trasladen dentro del país a personas que hayan ingresado irregularmente. Esto podría aplicarse a cualquier tipo de desplazamiento, lo que resulta irrisorio pensando que hay cerca de 200 mil personas en el país en esta situación que no podrían usar ningún servicio de transporte. En el caso del acceso a vivienda, se prohíbe el arriendo a extranjeros en situación irregular, lo que, además de precarizar las condiciones habitacionales de adultos y niños migrantes, va a promover el aumento de mercados informales de vivienda controlados por mafias y grupos ilegales.
No hay duda de que necesitamos un sistema migratorio eficiente, cuyas sanciones sean efectivas y desincentiven la irregularidad y la acción de grupos criminales. Sin embargo, por buscar dar señales fuertes, podemos terminar por profundizar problemas que requieren políticas efectivas antes que legislaciones draconianas y desapegadas de la realidad. No podemos reemplazar las políticas públicas por una “política de señales” que sabemos que no resuelven los problemas e incluso los pueden agudizar.
Por Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias
