Columna de Juan Pablo Ramaciotti y Pablo Carvacho: Seguridad y políticas migratorias

Durante los últimos días han ocurrido hechos delictivos graves y lamentables cuya autoría ha sido vinculada, al menos preliminarmente, a personas extranjeras. La discusión sobre la vinculación entre migración y delincuencia es muy delicada, porque puede generar discriminación, prejuicios y generalizaciones injustas que afectan a toda la población migrante. Al mismo tiempo, no abordarla con una mirada integral, puede ser tremendamente perjudicial para todos los habitantes de nuestro país. En este sentido, es necesario que las políticas migratorias y de seguridad estén articuladas no solo en materias como la fiscalización y sanción, sino también incorporando una mirada comprehensiva del contexto migratorio.

Ante todo, es necesario señalar que hoy en Chile la gran mayoría de las personas migrantes no están vinculadas a actividades delictivas. Las personas extranjeras condenadas por un delito que están privadas de libertad corresponden proporcionalmente a una cantidad similar a la de chilenos en esa condición. En Chile, cerca de un 8% de la población es extranjera, mientras que los extranjeros privados de libertad condenados por un delito responde a una proporción similar. Pese a lo anterior, no es posible desconocer que ha habido una mayor participación de personas extranjeras en algunos tipos de delitos a los que no estábamos acostumbrados. Hacerse cargo de este contexto implica tomar medidas de prevención, inteligencia, investigación y aplicación de penas en todos los casos.

Sin embargo, es fundamental avanzar en un mayor diálogo entre políticas de seguridad y migratorias. Primero, mientras mayor sea el volumen de ingresos irregulares por pasos no habilitados al país, mayores posibilidades tendrán las redes criminales de ingresar a Chile, camufladas como si fuesen migrantes. Para evitar los ingresos irregulares no basta con resguardar mejor las fronteras, sino que es necesario que existan vías de ingreso regular expeditas y adecuadas al contexto migratorio actual.

Segundo, es necesario reforzar los procesos de expulsión de extranjeros sin poner expectativas desmesuradas sobre ellas. Entre 2019 y 2022 se ordenó la expulsión de cerca de 20 mil extranjeros, pero solo se concretaron un poco más de mil. Es importante que los procesos de expulsión sean expeditos, sin vulnerar el debido proceso legal, pero no podemos apostar por expulsiones masivas como solución a los desafíos migratorios. Por lo mismo, la prioridad debiese estar puesta en expulsar a quienes cometen delitos y no a quienes, pese a estar en situación irregular, están trabajando o tienen vínculos familiares en el país.

Tercero, es fundamental que el proceso de empadronamiento biométrico que está llevando a cabo el gobierno sea finalizado con éxito y que existan opciones de regularización para quienes terminen dicho proceso y no tengan antecedentes penales, cumpliendo requisitos de arraigo laboral o familiar. Si bien en general los estudios a nivel internacional no han encontrado una vinculación entre el aumento de la migración y el incremento de la delincuencia, sí se ha observado que procesos de regularización migratoria en el extranjero han ido seguidos por una disminución de los delitos cometidos por inmigrantes. La adecuada integración de quienes ya están viviendo en nuestro país también es una inversión para la seguridad.

Por Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, y Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo, Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC