Desde hace siglos, la relación intrínseca entre la política y la economía ha sido ampliamente reconocida. Este vínculo se manifiesta en cómo las decisiones políticas pueden moldear las condiciones económicas y, a su vez, cómo la situación económica influye en las políticas y estrategias de los gobiernos.
Por ejemplo, las políticas fiscales y monetarias implementadas por los gobiernos para estimular o enfriar la economía son claros indicativos de cómo la política puede afectar directamente el crecimiento económico, la inflación y el empleo. A la inversa, las recesiones económicas o los períodos de fuerte crecimiento pueden precipitar cambios significativos en las políticas gubernamentales, a menudo reflejando las demandas y el descontento de la población. Así, la política y la economía están entrelazadas en un ciclo continuo de influencia mutua que define en gran medida el progreso y la estabilidad de las sociedades a través del tiempo.
En este contexto, en Chile y gran parte del mundo occidental, se estableció un consenso que logró atenuar la volatilidad de dicha relación entre política y economía, permitiendo la construcción de una estructura notablemente estable, que se centró, principalmente, en la adopción del libre comercio como pilar fundamental del desarrollo económico. De este modo, se generó una suerte de convencimiento de que la libre competencia era el mejor mecanismo para asignar recursos.
Desgraciadamente, este consenso pareciera estarse resquebrajando, poco a poco, no solamente en Chile, sino que en gran parte del mundo.
Por ejemplo, en EE.UU., según un reciente estudio de la doctora Yihui Pan (profesora de Finanzas de la Universidad de Utah,) se estableció el efecto de las preferencias políticas en la inversión en el mercado de capitales. En pocas palabras, las familias decidirían cuándo invertir y en qué, dependiendo del presidente de turno, más allá de las políticas macroeconómicas.
Este panorama se repite en Europa, donde múltiples voces han llamado a “regular” las exportaciones de autos eléctricos chinos al viejo continente, esto de cara a un fuerte aumento de los envíos desde el gigante asiático, y la incapacidad de empresas tales como Volvo, Volkswagen o Peugeot de ofrecer productos de calidad a un precio competitivo.
La situación chilena, no es diferente, todos observamos la negociación-alegato de Huachipato respecto al potencial dumping chino, reclamando medidas proteccionistas argumentando competencia desleal.
A primera vista, el caso chileno podría parecer distinto, técnico, y pertinente. Pero después de un breve análisis, las dudas empiezan a aparecer, en particular por lo planteado por el presidente de la Comisión Antidistorsiones y el Banco Central.
En definitiva, si bien los grupos de presión siempre han tratado de intervenir las decisiones de política económica para su beneficio, hoy pareciera ser que no solamente Chile, sino que el mundo en general está más abierto a estas prácticas. Lo que representa un riesgo significativo para nuestros prospectos económicos.
En este contexto, es fundamental recordar, que, en buena parte, los sistemas económicos se sustentan en la confianza, de las personas, instituciones y de la política.
Chile, por más de treinta años ha sostenido una política económica clara y predecible, que ha permitido establecer lazos y asociaciones de largo plazo. Mal que mal, el comercio con China pasó de ser insignificante, a transformarse en el principal destino de nuestras exportaciones.
Esta relación económica, mutuamente beneficiosa, así como todas nuestras otras asociaciones estratégicas, podrían verse amenazadas si nuestras autoridades económicas actúan al ritmo de los grupos de presión y de la política contingente.
Porque ante ese escenario, nuestros socios extranjeros deberán preguntarse, ¿qué importa en Chile, la economía o la política?
Por Juan Pablo Sims, Centro de Estudios de Relaciones Internacionales UDD
