Columna de Karin Moore: “Corrupción en Chile: un desafío para la democracia”

El trágico asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, ha conmocionado a toda la región, dejando en evidencia la peligrosidad de la corrupción para la democracia. Este triste episodio destaca de manera cruda cómo este flagelo puede llegar hasta los niveles más altos de la política, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de una nación.

En el contexto de América Latina, Chile no es inmune a este fenómeno. Los datos hablan por sí mismos: según la última encuesta Research de julio, un 71% de los encuestados considera que Chile está aquejado por la corrupción en diferentes niveles. Esta preocupante percepción se profundiza al descubrir que un 54% pronostica un aumento de los casos de corrupción durante el resto del mandato del Presidente Boric.

Los resultados de la encuesta también ponen al descubierto la desconfianza en instituciones clave. Los partidos políticos encabezan la lista, con un abrumador 80% de desconfianza por parte de los consultados. Les siguen los municipios, con un preocupante 72%, y el Congreso Nacional, con un desalentador 69%. Estos números reflejan la extendida percepción de que la corrupción penetra en las esferas más influyentes de nuestra sociedad.

La corrupción, el conflicto y la seguridad se encuentran profundamente interrelacionadas, con implicaciones profundas para la democracia y la estabilidad de los países. Sus efectos son devastadores en naciones en vías de desarrollo como Chile. La corrupción socava la institucionalidad, distorsiona los mercados y propicia la delincuencia organizada, amenazando la seguridad y la percepción de felicidad de la sociedad. Numerosos autores, desde Acemoglu y Robinson hasta Alesina, Cohen y Roubini, han establecido que la solidez de las instituciones está intrínsecamente relacionada con la calidad de la democracia y el bienestar de la sociedad.

Si bien los esfuerzos legislativos y administrativos realizados por los distintos gobiernos han permitido avanzar en probidad administrativa, Chile mantiene -desde hace 11 años consecutivos- su desmejorado lugar en la posición 27 a nivel mundial en el índice de percepción de la corrupción (2022).

Hasta la fecha, las agendas de probidad y transparencia propuestas por el Estado han sido más bien reactivas. Se han creado leyes y regulaciones como las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado en materia de probidad (1999); la Ley de Compras Públicas (2003); la Ley de Procedimientos Administrativos; la Ley que establece el Sistema de Alta Dirección Pública (2003); la Ley de Transparencia (2008); la Ley de Participación Ciudadana (2011); la Ley de Lobby (2014); y, la Ley de Probidad Pública (2016), por mencionar algunas, en respuesta a escándalos específicos como, por ejemplo, el caso Codelco – Dávila (1994); o el MOP-Gate y Coimas(2003);o Chile deportes(2006); y los casos Caval o Penta(2014 y 2015).

Sin embargo, ya es tiempo de comenzar a actuar proactivamente y con determinación en la construcción de una cultura de integridad pública respaldada por reformas legales, prácticas gubernamentales sólidas y perdurables en el tiempo, aparejadas de un liderazgo presidencial coherente que fortalezca e impulse los mecanismos de control y transparencia -por sobre cualquier consideración partidista o simpatía personal-, consciente de que lucha contra la corrupción es también una lucha contra la pobreza y las inequidades que resultan de ella.

* La autora es abogada. CLAPES UC y Fac. de Economía y Administración UC.