Columna de Karin Moore: Ley de cuotas de género

El proyecto de ley de cuota de género en los directorios de las sociedades anónimas abiertas anunciado por el gobierno, supone - sin tener los detalles de la propuesta- la obligación legal para las empresas de contar con un 40 % de mujeres en los directorios en un plazo de 6 años, con logros graduales en el tiempo.

Si bien existe consenso respecto de la importancia de la presencia femenina en espacios de poder y lo fundamental que resulta para promover políticas públicas que contribuyan a poner fin a las barreras que dificultan a las mujeres avanzar profesionalmente, lo cierto es que la participación femenina en las organizaciones disminuye en la medida que aumenta el nivel de responsabilidad.

A nivel global, las estimaciones del Foro Económico Mundial en su último reporte son lapidarias, señalando que tomará 132 años cerrar la brecha global de género. Por su parte, en plano local, las cifras no resultan más auspiciosas, pues según el informe de indicadores de género de la Fundación Chile Mujeres, un 47% de las empresas no cuenta con mujeres en sus directorios.

En la experiencia comparada, casos como Islandia (46%), Francia (45%) y Noruega (40%) le dan fuerza a los promotores de las cuotas obligatorias. Sin embargo, la evidencia empírica también muestra importantes avances a través vías alternativas como incentivos, transitoriedad, cuotas recomendadas o la obligación de explicar en caso de no cumplir con las cuotas propuestas.

En Chile, el marco legal que establece exigencias de diversidad en la alta dirección de empresas no define obligaciones legales con respecto a niveles de diversidad. La NCG Nº461 de 2021, exige estándares de revelación de información al mercado sobre el tema, lo que se ha traducido en un incremento de mujeres en los directorios, pero no así en edad, nacionalidad o profesión de los directores.

La conciencia del impacto público de la empresa como ciudadano corporativo, la sostenibilidad y la necesidad de diversidad en la composición de las organizaciones, son criterios globales que los grandes inversionistas internacionales resguardan como principios fundantes de las buenas prácticas de gobierno corporativo, las que también deben ser consideradas por los inversionistas institucionales.

Es, por tanto, responsabilidad de los directores comprender adecuadamente lo que sucede en Chile y anticiparse, adoptando acciones que eviten la imposición de políticas públicas coactivas que, inspiradas en objetivos deseables, puedan afectar derechos esenciales, como el de propiedad o el de asociación.

Contamos con la reciente experiencia del sistema de cuotas en el sector público, que debió haber sido un referente y, al mismo tiempo, una alerta para los directorios de las sociedades anónimas abiertas, orientando sus decisiones hacia un profundo compromiso con la diversidad, particularmente, incorporando decididamente más talento femenino en las posiciones de poder, fomentando su formación y proyección al interior de las compañías.

La discusión de una ley de cuotas era previsible y dado el impacto del directorio sobre las diversas áreas de la empresa (Hermalin y Weisbash, 2003) y de esta sobre el tejido social, el proceso legislativo deberá considerar la complejidad de las variantes que dificultan a las mujeres llegar a cargos de responsabilidad, evitando corregir una arbitrariedad con otra.

* La autora es abogada, investigadora CLAPES UC. Prof. en Fac de Economía y Administración UC.