Columna de Katia Trusich: Calidad de vida y protección del empleo formal: sí, se puede.

El proyecto que busca reducir a 40 horas la jornada semanal de trabajo, actualmente en el Congreso, si bien es positivo para el balance entre trabajo y tiempo personal, aún necesita abordar las múltiples realidades que tienen las empresas en cuanto a su tamaño, características y ubicación geográfica, sin perder de vista la necesaria protección del empleo.

En el caso de los centros comerciales, donde el 96% de las tiendas son PYMES de emprendedores, reducir los horarios de funcionamiento en todo el país, como han planteado algunos en la discusión del proyecto de ley, no solo perjudicaría las ventas de los locatarios, sino que además desconocería la vocación regional de estos centros de servicio y abastecimiento, muchos de ellos también con vocación turística. Uniformar los horarios de los centros comerciales afectaría, además, principios básicos pro-consumidor, al limitar las opciones de compra de estos últimos y, con ello, sus posibilidades de libre elección de acuerdo con los usos y realidades de los distintos tipos de usuarios a lo largo del país.

La discriminación hacia determinados tipos de comercio por el sólo hecho de reunir en un lugar una gran y variada oferta, no considera la necesaria complementariedad del flujo de visitantes que buscan servicios, con otros que requieren adquirir bienes, gastronomía y entretención. Los centros comerciales son un espacio de encuentro, una plaza abierta a sus comunidades según la naturaleza de su formato y las necesidades de sus visitantes.

Finalmente, el cierre forzado del comercio podría impactar el número de trabajadores necesarios para atender los requerimientos de los consumidores, sobre todo en horas punta. En efecto, los horarios extendidos de funcionamiento de los centros comerciales se cubren con más turnos y no con jornadas más largas, como suelen afirmar algunos. Esta realidad genera más empleos formales para personas jóvenes (nuestros trabajadores son en un 88% menores de 40) que, con frecuencia, compatibilizan estudios con trabajo en jornadas parciales.

Las proyecciones económicas para el próximo año indican que el país entrará en un proceso de crecimiento negativo. A este escenario, se suma una inflación que se muestra resiliente y difícil de contener con un 13,5% esperado hacia fin del 2022 y un incipiente proceso de destrucción de empleo formal, según los indicadores oficiales de empleo del INE.

De prosperar la idea de un cierre forzado del comercio, se perdería el impacto positivo en el empleo que entrega una jornada de 40 horas, a la vez que se perjudicaría a un sector que, hasta ahora, con sus más de 400.000 fuentes de trabajo directas e indirectas, ha sido el principal empleador del país.

* La autora es presidenta de Cámara de Centros Comerciales.