Columna de la ministra Javiera Toro: Acuerdos necesarios por un territorio más integrado

Chile's President holds his second annual address at the National Congress
REUTERS


En su cuenta pública de 2022 el Presidente remarcó que en Chile existe un déficit de 650 mil viviendas y fijó como un objetivo ampliar el banco público de suelos, recuperando y redestinando terrenos fiscales en desuso. La meta no es solo la construcción de casas, sino de ciudades más integradas y seguras.

Con ese mandato, el Ministerio de Bienes Nacionales se acercó a las Fuerzas Armadas. Así, durante 2022 junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo identificamos un conjunto de inmuebles administrados por las Fuerzas Armadas y otros servicios públicos en condición de desuso o subutilización. Varios de ellos ubicados en el corazón de las ciudades y con alto potencial de integración urbana.

En este proceso se siguen escuchando las inquietudes y necesidades institucionales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, sin perder de vista que Bienes Nacionales tiene la obligación y las facultades para garantizar una administración eficiente del patrimonio fiscal, y el país la urgencia de habilitar suelo bien conectado y urbanizado para fines habitacionales e inversión económica.

En su segunda cuenta pública, el Presidente Boric comunicó los primeros resultados de esta agenda. A mayo de 2023, el Ministerio de Bienes Nacionales ha concretado los primeros acuerdos para la restitución al fisco de 12 inmuebles administrados por el Ejército, la rama qué más terrenos fiscales administra.

El próximo lunes, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegaremos a Punta Arenas para sellar la restitución de 10 hectáreas del Regimiento Pudeto. Este inmueble será destinado a la construcción de viviendas sociales y equipamiento en el corazón de la capital magallánica.

En Los Ríos han sido restituidas al fisco 10 hectáreas del Campo Militar Valdivia, de las cuales 4,5 permitirán resolver el 60 por ciento de la meta de suelo para la emergencia habitacional de esa ciudad. En Santiago, en tanto, 4,2 hectáreas del antiguo Regimiento Buin permitirán construir viviendas sociales en plena comuna de Recoleta.

Otros inmuebles servirán para usos igualmente beneficiosos. Lonquimay podrá responder al déficit habitacional de la comuna con 7,2 hectáreas centralmente ubicadas. El corredor ferroviario Santiago-San Antonio contará con un centro de intercambio modal en un antiguo y abandonado predio adquirido por el Ejército para la DINA en Peñaflor. En la Región de Valparaíso el exbalneario popular y centro de detención Rocas de Santo Domingo se convertirá en un sitio de memoria y educación en derechos humanos. Y ciudades como Arica, Calama y Corral contarán con nuevos inmuebles fiscales a disposición del desarrollo económico.

Estos avances muestran la voluntad de la administración del Presidente Boric de alcanzar acuerdos por el bien de la ciudadanía, aun en materias y plazos que parecían improbables. Una voluntad que se expresa no solo en el quehacer del Ministerio de Bienes Nacionales, sino que también en muchos de los avances de este primer año de gobierno, como la aprobación de la jornada laboral de 40 horas y el aumento del sueldo mínimo a $500.000.

Queda aún camino que recorrer con el Ejército, las demás ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y otros servicios públicos para dar un mejor uso al patrimonio fiscal que administran. La emergencia habitacional, la reactivación económica y el fenómeno creciente de las ocupaciones ilegales nos conminan a actuar con agilidad como Estado. Y, sobre todo, con una visión estratégica e integral en la administración del patrimonio de todas y todos.